El Gobierno nacional dejó en manos de los campesinos y sus autoridades originarias la solución del conflicto que se desató la semana pasada a raíz de una presunta incursión de campesinos potosinos a la comunidad orureña de Potosillo y el robo de al menos 400 quintales de quinua
“El tema de la cosecha es diferente al de límites. Los temas agrarios deben ser resueltos por los comunarios del lugar. En el sector donde se produjeron enfrentamientos hay muchas actas desde hace muchos años, por lo que sembraron sin que haya problemas. Entonces, los mismos comunarios han incumplido los acuerdos que tienen”, declaró Claudia Peña, ministra de Autonomías.
El 22 de marzo, unos 150 agricultores potosinos ingresaron con 18 camiones a Santa María Potosillo, cosecharon aproximadamente 400 quintales del grano y se los llevaron en 18 motorizados. La acción violenta dejó cinco heridos y un aprehendido.
Este problema, aclaró Peña, no se produjo en el área en disputa entre los departamentos de Oruro y Potosí, que se halla bajo medidas precautorias y donde nadie está autorizado a sembrar. “Lo que pasó el jueves fue en un sitio distinto. No podemos estar vigilándolos. En el fondo es un problema de dinero por el alto precio de la quinua”, añadió.
En protesta por lo ocurrido, el viernes comunarios de Oruro bloquearon el camino a Potosí, en el sector de Sevaruyo-Quillacas; sin embargo, el sábado declararon la medida de presión en cuarto intermedio hasta hoy.
“Si no existen noticias sobre la devolución de la quinua, la medida podría reactivarse”, advirtió Valerio Choqueticlla, campesino orureño. Los movilizados exigen que Peña y la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, arriben hoy al lugar, lo que fue descartado por la primera.
