A los operadores del transporte interprovincial e intermunicipal que maltratan a los pasajeros, cobran de más, incumplen rutas, llevan gente en los pasillos, entre otros, se les multará con Bs 1.000 hasta Bs 18.000, según un proyecto de la Gobernación. La propuesta de regulación no alcanza solo al traslado de pasajeros, sino también al de carga.
Julio Salas, director de Transporte y Telecomunicaciones de la Gobernación de La Paz, informó a La Razón que el planteamiento de “Reglamento de infracciones y sanciones para operadores que prestan servicios de transporte automotor público terrestre en los ámbitos interprovincial e intermunicipal” aún es socializado con todos los actores.
Éstos son la Federación Departamental de Choferes 1° de Mayo, la Asociación de Transporte Libre de La Paz (ATL), la Federación del Transporte Interprovincial, la Federación Choferes Andina, de El Alto, y las subfederaciones paceñas.
La propuesta de reglamento fue elaborada para aplicar la Ley General de Transporte que da tuición a los gobiernos departamentales sobre los servicios intermunicipal e interprovincial.
La norma marco establece seis tipos de sanciones: apercibimiento, multa pecuniaria, suspensión temporal de operaciones, multa y suspensión, revocatoria de la autorización y caducidad de las autorizaciones, y revocatoria de licencias. “Hemos desarrollado cada acápite, le estamos dando forma y cuerpo”, explicó Salas.
El artículo 3 establece que la multa para operadores que presten el servicio de pasajeros o carga en los dos ámbitos citados oscilará entre Bs 1.000 y Bs 18.000. Las empresas que trasladan turistas y que infrinjan las reglas deberán pagar una sanción económica de entre Bs 1.000 y Bs 30.000.
Faltas. El proyecto de reglamento establece seis tipos de infracciones. Primero, la prestación ilegal del servicio; segundo, faltas contra el sistema del transporte integral —acuerdos y prácticas anticompetitivas, abandono de ruta, incumplimiento de los estándares de técnicos y de calidad, etcétera—; tercero, contra los derechos de los usuarios —cobro indebido de tarifas, agresión física o verbal, extravío de equipajes, abandono de pasajeros, entre otros.
Cuarto, infracciones con los derechos de los operadores —realizar viajes no autorizados, bajar las tarifas para captar clientes, etcétera—; quinto, contra las atribuciones de la autoridad —falsificar o adulterar la tarjeta de operaciones y otros—, y sexto, contra la seguridad de los usuarios —salidas sin conductor de relevo, manejar sin descansar.
Se calcula que en el departamento de La Paz hay entre 15.000 y 20.000 operadores del transporte interprovincial. “Tenemos más de 5.000 tarjetas de operaciones emitidas, 2.500 observadas en proceso de emisión, en total son 7.500 tarjetas”, dijo Salas. Del transporte intermunicipal están autorizadas más de 201 líneas, “pero ni el 80% cumple con sus rutas”, destacó.
