La ex alcaldesa de Sucre, Aydeé Nava, enfrenta un nuevo proceso judicial vinculado con su gestión, esta vez originada en un informe sobre su participación como ejecutiva de la organización, en esta ciudad, de los Juegos Deportivos Bolivarianos celebrados el año 2009.
La denuncia por presunta malversación de fondos fue presentada ante el Ministerio Público por la Gobernación de Chuquisaca e incluye a varios ex directivos de esa organización que estuvo encabezada por la ex alcaldesa cuando estaba a punto de finalizar su gestión edil.
La Gobernación de Chuquisaca denunció que el Comité Organizador de los juegos mal utilizó los recursos económicos brindados para el funcionamiento de esa entidad el 2009 y destinó el dinero al pago de hoteles, cuando ese no era el fin.
La ex autoridad edil de Sucre dijo no haber sido notificada con esta nueva querella en su contra, aunque expresó su intención de presentar sus descargos correspondientes a ese proceso.
«Mientras tenga la salud, demostrare mi inocencia y descargaré lo que corresponda; tengo fe en Dios, a pesar de todo hay administradores de justicia probos, hay respaldos que todo los Juegos Bolivarianos, se ha manejado de la forma más correcta», dijo.
Según Nava, el Comité organizador de los Bolivarianos cerró su gestión «con una auditoría externa que no arrojó irregularidades en su administración, por esta razón le preocupa que se abra un proceso en su contra».
La ex alcaldesa, ex miembro del opositor Comité Interinstitucional de Sucre que se enfrentó al Gobierno durante la Asamblea Constituyente, enfrenta otros procesos en la justicia.
Uno de ellos es el que la implica en las agresiones a campesinos, conocido como el caso «24 de mayo», proceso en el cual solicitó su exclusión debido a sus precarias condiciones de salud.
Nava también fue acusada por enriquecimiento ilícito en la donación, supuestamente irregular, de 80 mil bolsas de cemento para obras de infraestructura urbana en la ciudad, así como en la firma de contratos irregulares con la empresa de alumbrado público; y la supuesta adquisición irregular de mochilas para su distribución entre escolares de la capital.
