El ministro de Gobierno, Carlos Romero, confirmó ayer la existencia de un gabinete jurídico dentro el Órgano Ejecutivo, pero negó que éste sea utilizado para realizar persecución a los opositores del gobierno de Evo Morales.
La declaración se refirió a las acusaciones de la senadora de CN Carmen Eva Gonzales, quien denunció la existencia de un gabinete jurídico dentro del Ejecutivo, que estaría conformado por Romero y sus colegas de Transparencia, Nardi Suxo, y de la Presidencia, Ramón Quintana, además del fiscal general, Ramiro Guerrero, para manipular procesos judiciales a interés del Gobierno.
Romero, en conferencia de prensa, manifestó que la labor de este gabinete jurídico es el de analizar el cumplimiento de la Constitución Política del Estado (CPE) y la correlación con las leyes jurídicas presentadas por esta instancia del Estado.
“El gabinete jurídico analiza exclusiva y únicamente la constitucionalidad, la coherencia, la concordancia de las normas jurídicas que proyecta el Ejecutivo, esa es su tarea, y el gabinete jurídico se ha reunido muchas veces aquí en Santa Cruz”, dijo.
Villena señala que se debe investigar la carta de Soza
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, sostuvo que la carta del exfiscal Marcelo Soza, en la que denuncia irregularidades en el caso Terrorismo, debe ser investigada por la Fiscalía. La misiva también sería una prueba de que hay una crisis en el Órgano Judicial, agregó.
“Esto es una prueba de que la Justicia está en una crisis estructural. La carta de Soza está en el ámbito de la justicia, por lo que la Fiscalía debe investigar esto, ya que es como un indicio de prueba porque da elementos que podrían permitir que se haga la investigación a profundidad”, declaró Villena.
