El presidente de Bolivia, Evo Morales, pidió este miércoles una «profunda investigación» de la incidencia de dos hidroeléctricas brasileñas en la inundación de un poblado en la Amazonia boliviana, donde el agua sigue subiendo a pesar de que las lluvias han cesado.
Las inundaciones, producto del desborde del río Madeira (o Madera), afectaron las últimas semanas a los poblados amazónicos Trinidad, Santa Ana de Yacuma y San Joaquín, mientras no cesan en Guayaramerín, en la frontera con Brasil.
«En Guayaramerín sigue subiendo (el agua) hasta esta mañana (..), creo que hoy ha subido 2 centímetros», dijo Morales en rueda de prensa.
«Si el agua está subiendo ya estaría totalmente confirmado que están afectando estas plantas hidroeléctricas de Brasil», sostuvo el mandatario.
Sin embargo, el gobernante dejó en manos de comisiones técnicas de las cancillería de ambos países establecer si la actividad de las represas «está afectando o no, pero es muy raro lo que está pasando en Guayaramerín», insistió.
La relación entre el funcionamiento de las represas brasileñas Jirau y San Antonio y las inundaciones fueron abordadas esta semana por las cancillerías de Bolivia y Brasil, que definieron la formación de una comisión bilateral.
Diversas organizaciones alertaron desde 2007 acerca de los riesgos de alteraciones hidrológicas de la cuenca del río Madera por la construcción de esas represas, recordó la organización no gubernamental Lidema (Liga de Defensa del Medioambiente).
San Antonio se encuentra a unos 180 kilómetros de la frontera con Bolivia y Jirau, a 85 kilómetros, en el estado de Rondonia (norte).
La justicia brasileña ordenó en marzo a las empresas responsables de las hidroeléctricas de Jirau y Santo Antonio auxiliar a los damnificados por el desborde del río Madeira.
La fiscalía de ese país ordenó además que ambas hidroeléctricas deberán realizar nuevos estudios sobre el impacto que tienen sus represas en el medioambiente.
Las inundaciones afectaron a unas 60.000 familias en cinco regiones de Bolivia que padecieron una inclemente estación de lluvias, que dejó más de 60 muertos en cinco meses.
Según un balance oficial, unas 63.000 hectáreas de cultivos fueron dañadas y 110.000 cabezas de ganado murieron. Unas 4.600 familias aún viven en albergues temporales.
Morales garantizó este miércoles un presupuesto de 476,6 millones de dólares para la reconstrucción y rehabilitación de las zonas afectadas.
