El Gobierno reconoció que ha cometido errores en la redacción del proyecto de Ley de Minería y ha decidido suspender su tratamiento y retomar el debate hasta lograr un documento que garantice el respeto a la Constitución. Encomiable admisión, pero a la vez preocupante constatación de un desacierto que al final llevó a un enfrentamiento entre bolivianos.
Un equipo del Ejecutivo trabajó durante tres años sobre este proyecto y en todo ese tiempo no detectó que había al menos un artículo inconstitucional que abría las puertas para que los mineros cooperativistas continúen firmando contratos directos de asociación con empresas privadas sin necesidad del visto bueno de la Asamblea Legislativa, tal como dispone la Constitución cuando se trata de convenios que tienen que ver con el uso de los recursos naturales.
Resulta difícil creer que un trabajo de tanto tiempo hubiera dejado pasar semejante error, pero ocurrió. Y no solo eso, ocasionó que el presidente Evo Morales se equivoque el 17 de marzo, cuando al enviar ese proyecto a la Asamblea Legislativa pidió que “no se cambie nada”.
El Mandatario se veía contento ese día y no era para menos: había terminado un parto de tres años que debió coronarse con una aprobación expedita en el Legislativo. Al menos ése era el pronóstico.
Lo que no sabía es que si bien el proyecto había sido concertado con todas las partes involucradas en el tema, contenía un artículo inconstitucional que dejaba abierta la posibilidad de que las empresas transnacionales vuelvan a tomar el control de la explotación de recursos naturales, camufladas en el manto de las cooperativas mineras. Y entonces ocurrió lo que ocurrió: los ajustes en la Cámara de Diputados, los enfrentamientos, los muertos, los heridos y la decisión de rediscutir la norma.
Al Gobierno no le quedó más que tomar una muy difícil decisión, en el marco de lo que siempre ha pregonado el Jefe del Estado y que muy pocos políticos han sido capaces de poner en práctica: admitir y corregir los errores. Ya lo había hecho antes, por ejemplo, cuando en 2010 derogó el decreto de ajuste en el precio de los carburantes tras consulta con los sectores sociales.
El tiempo demostró que esa decisión fue la correcta y ahora todo indica que la reapertura del debate es la única manera de resolver este conflicto, aunque esta vez bajo una premisa innegociable: el respeto a la Carta Magna.
Lo que ahora llama a la reflexión es el trabajo que realizan algunos colaboradores de la gestión gubernamental. Ocurrió algo similar con los resultados del Censo 2012, cuando el Mandatario anticipó resultados parciales y al final tuvo que admitir que ésta no fue una decisión acertada. Los humanos somos falibles, cierto, pero queda claro que en adelante algunos funcionarios deben tener más cuidado.
