El Tribunal de Garantías rechazó el jueves un amparo constitucional planteado por Soboce en contra de dos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El fallo determinó que no se vulneró ningún derecho de la cementera paceña.
El presidente del Tribunal de Garantías, Iván Sandóval, junto a su colega Sandra Molina determinaron denegar el amparo de la Sociedad Boliviana de Cemento SA (Soboce) bajo el argumento de que en ningún momento se afectaron el derecho a la justicia y la garantía de igualdad de partes en el proceso, tal cual planteaban los abogados de la firma.
El amparo constitucional fue planteado por Soboce contra los magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, Rita Susana Nava y Rómulo Calle, quienes anularon la determinación de un juez que ordenaba a la Gobernación de Chuquisaca el pago de $us 93,3 millones a favor de Soboce, por las acciones que poseía en la Fábrica Nacional de Cemento SA (Fancesa).
Intereses. El secretario jurídico de la Gobernación de Chuquisaca, Jhonny Céspedes, dijo que el fallo emitido el jueves favorece a los intereses del departamento y ratifica la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que anuló el pago de $us 93,3 millones a favor de Soboce.
Céspedes afirmó que, “pese a la intención de Soboce de judicializar el tema y actuar deslealmente y con un doble discurso”, la Gobernación está nuevamente dispuesta a seguir dialogando para encontrar una salida sobre el monto que se adeuda a la cementera paceña por las acciones que poseía en Fancesa.
Defensa. De su lado, el abogado de Soboce, Eduardo Urriolagoitia, lamentó que no se haga justicia, ya que dijo que el auto supremo que anula el primer fallo es contrario a la Constitución Política del Estado y las leyes.
El jurista aseguró que lo único que solicitaron es el cumplimiento del Decreto Supremo 616, que determina el pago de las acciones expropiadas. Indicó que esperarán la revisión del Tribunal Constitucional Plurinacional sobre el fallo emitido ayer y luego recurrirán a todas las vías legales para lograr un indemnización justa.
El conflicto judicial entre la Gobernación y Soboce surge a raíz del pago de las acciones que tenía la cementera paceña en Fancesa. Por un decreto supremo, aprobado el 1 de septiembre de 2010, el presidente Evo Morales dispuso la transferencia del paquete accionario a manos de la Gobernación de Chuquisaca.
