El ministro de Gobierno, Carlos Romero, sostuvo este lunes que la Gobernación de Santa Cruz es una de las culpables de que aún no se aplique el debate para definir el nuevo pacto fiscal en el país.
Las declaraciones de la autoridad se dan luego de que la Gobernación de Santa Cruz presentara el 31 de marzo pasado ante el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz una acción de cumplimiento para que obligue al presidente Evo Morales y a sus ministros la aplicación del debate del pacto fiscal, tal como dicta la Ley Marco de Autonomías.
El ministro dio a conocer que el TDJ respondió la acción de cumplimiento del gobernador Rubén Costas, ultimándole a subsanar seis aspectos, y fundamentalmente uno, que indica que los departamentos que optaron por la autonomía departamental en el referéndum del 3 de julio de 2006 deberán adecuar sus estatutos a la Constitución y sujetarlos a control de constitucionalidad.
«En definitiva y en síntesis quien es culpable para que no haya ninguna posibilidad de discutir, de proyectar, de definir un posible pacto fiscal en el país, son las entidades que no han logrado hasta ahora adecuar su estatuto a la Constitución Política del Estado y sujetarlo a control de constitucionalidad», señaló Romero.
Un estatuto autonómico es una especie de pequeña Constitución Política del Estado, que define las bases fundamentales sobre las que se constituye un departamento, desde sus valores y principios, hasta sus competencias para llevar adelante políticas de desarrollo.
El ministro precisó que es necesario que el estatuto autonómico defina las competencias que va a asumir la Gobernación, para que en función a esas tareas se haga una correlación de recursos disponibles, como manda la Constitución y la Ley Marco de Autonomías.
«Llama la atención que en el caso de Santa Cruz, que es quien asumió el liderazgo en la lucha autonómica, ahora sea el que en realidad frene el avance autonómico», manifestó.
La Ley Marco de Autonomías establece que el debate del pacto fiscal debe hacerse seis meses después de conocidos los resultados oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda, que fueron conocidos en 31 de julio de 2013, por lo que se arguye que el debate debió iniciarse en enero de este año.
El pacto fiscal es una redistribución de ingresos de todo tipo, como ser impuestos, aranceles, tasas y otros, en los diferentes niveles autonómicos del país.
