Tres funcionarios ediles imputados por los delitos de lesiones, homicidio culposo e incumplimiento de deberes por el desplome de una pasarela en la entrada del Carnaval de Oruro están a punto de dejar la cárcel; un juez dispuso su detención domiciliaria.
El 21 de marzo, el Ministerio Público imputó formalmente a Róger Joaquín Copa Condori, oficial mayor de Gestión Urbana; Shirley Teresa Javier Sejas, funcionaria de Obras Públicas, y Patricia López Bermúdez, empleada de la Unidad de Mantenimiento de Vías, 21 días después de la tragedia que segó la vida de cinco personas y dejó heridas a 92.
Aldo Morales, integrante de la comisión de fiscales, informó que la decisión fue apelada durante la audiencia —que comenzó a las 15.30 del martes y acabó a las 00.15 de ayer— debido al riesgo de fuga y obstaculización, aunque el juez Cautelar 5° en lo Penal, Adrián Jiménez, la ignoró.
“El Ministerio Público va a solicitar que se revoque la resolución y se disponga la detención preventiva de los tres imputados en la penitenciaría de Oruro”, añadió. La comisión de fiscales está integrada además por Alfredo Santos y Lindón Requena.
