La Defensoría del Pueblo denunció hoy que el representante departamental en Santa Cruz, Hernán Cabrera, fue impedido de ingresar al centro penitenciario de Palmasola para verificar una denuncia sobre supuesta agresión policial a los exfuncionarios del Ministerio de Gobierno recluidos por casos de extorsión.
“El Director del Centro Penitenciario de Palmasola como los responsables de la custodia impidieron el ingreso del representante de la Defensoría del Pueblo, sin otra argumentación que el cumplimiento de ‘órdenes superiores’”, señaló la Defensoría a través de un comunicado de prensa.
El exdirector de Régimen Interior Boris Villegas denunció hoy en la mañana que la madrugada de este jueves un grupo de policías encapuchados ingresaron al lugar que habitan en Palmasola y procedieron a golpearlo, como a los que se encontraban en la sala como los exabogados del Ministerio de Gobierno Denis Rodas y Fernando Rivera.
El hecho fue negado por el viceministro Jorge Pérez, quien reconoció, sin embargo, que la Policía procedió aproximadamente a las 02.00 de hoy a una requisa en el bloque donde Villegas, Rodas, Rivera y otras exautoridades se encuentran detenidas.
La Defensoría recordó a las autoridades de Régimen Penitenciario que el artículo 222 de la Constitución Política del Estado y la Ley del Defensor del Pueblo le faculta a acceder libremente a los centros de detención o reclusión.
«La negativa se cumplió pese a que, en una comunicación telefónica previa con nuestra institución, las máximas autoridades del Régimen Penitenciario habían asegurado que no existían restricciones a nuestro ingreso y nuestro representante esperó durante más de cuatro horas en la puerta de ingreso de Palmasola a que se autorizara su ingreso, sin ningún resultado”, denunció.
La Defensoría exigió a las autoridades responsables de Régimen Penitenciario iniciar una investigación sobre el origen de la instructiva que –según se cita en el comunicado de prensa- vulneró el cumplimiento de la propia Constitución y los instrumentos internacionales que establecen que los derechos humanos están por encima de cualquier normativa.
“Solicitamos que se recuerde a las autoridades, custodios y responsables de los centros de detención en todo el país que por ningún motivo se puede coartar, impedir, restringir o condicionar la atribución de la Defensoría del Pueblo a ingresar a los centros penitenciarios y de detención y que el hacerlo convierte a quienes impartan estas órdenes y quienes las ejecuten en sujetos de investigación y sanción legal”.
De acuerdo con la Defensoría, si ese tipo de situaciones se repiten pueden generar un grave riesgo sobre cualquier persona privada de libertad en el país que se vería totalmente vulnerable en sus derechos.
