Muchas de las claves de lo que estamos viviendo en Bolivia en este momento están en un proceso cuya propiedad es de propiedad colectiva; por tener esa calidad, a veces se nos escapan algunas de sus manifestaciones actuales, que no podrían explicarse adecuadamente si no son colocadas en un contexto, en su secuencia y en el escenario construido para ello. El 20 de abril de 1994 es una de ellas.
La primera constatación empírica es que la realidad se ha complejizado y debemos volver a reconocer sus consecuencias. La de mayor notoriedad, sin lugar a dudas, es la irrupción y multiplicación de la ciudadanía. El actor fundamental corresponde al(la) ciudadan@ en su manifestación individual o colectiva. Desde entonces, tod@s somos actores(as) en vía de perfeccionamiento, y no existe espacio político y social que no tenga nuevos propietarios. La diversidad de nombres y apellidos en el ejercicio del Poder Público, lo demuestra. De todos los pueblos y con vestimenta de todas las comarcas.
Después, apareció el territorio como jurisdicción y competencia, dotado de geografía y paisaje y acompañado de competencias y recursos. La República adquirió presencia física, con autoridad y servicios que tienen responsables y son exigibles por la población.
Se dibujaron funciones político administrativas que se expresaron en descentralización radical, ubicables en Municipios y ahora, Gobernaciones. Ellas obligaron a la Inter-sectorialidad, palabreja que incorpora el concepto de Sistema para la gestión pública a través de servicios integrados en Desarrollo Humano, Desarrollo Económico y Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Esta forma de operación se reprodujo en todas los territorios de manera orgánica.
La Sociedad Civil dejó de ser una referencia gremial y corporativa, para llegar a ser un soporte directo de la Democracia a través de las organizaciones ciudadanas que hoy compiten por la gestión y el poder.
La Inversión Pública no fue más propiedad de unos cuantos burócratas y se abrió, en la Planificación Participativa, a todos los “ignorantes” que sabían muy bien lo que necesitaban, y practicaban la transparencia como forma de vida. Las instituciones descubrieron el Co-financiamiento, la Inversión concurrente y los servicios del desarrollo, planteándose un esfuerzo compartido y conjunto de actores públicos, privados y sociales.
La novedad más importante fue que el Gobierno Central tenía que asumir un papel definidor de políticas públicas y de facilitador del Estado aplicando el Principio de Subsidiaridad.
En las decisiones de redimensionamiento del aparato público, necesario y suficiente, se estableció el abandono del nivel central de Gobierno de todas las acciones y actividades que entorpecieran su labor de órgano responsable, reglamentador, ordenador y facilitador del cumplimiento de los sistemas. Las postas sanitarias, las escuelas, los mercados, la inversión productiva, con dolor para el Presidente y los Ministros, dejaron de aprobarse en la ciudad de La Paz y en las Capitales departamentales.
La construcción de este nuevo andamiaje se nutrió de la Designación Cruzada, primero, y de la elección de Gobernadores y Asambleístas departamentales, después, que prepararon el camino de la capacidad reglamentaria y autonómica de las hoy Gobernaciones. La existencia de Inversión concurrente, planificación participativa y los frenos y contrapesos políticos obligaron que los Sistemas Nacionales de Planificación, Inversión Pública, Programación de Operaciones y Presupuesto, establecieran los instrumentos para facilitarle a la gente, la solución de sus necesidades sin que sea un favor del Presidente, los Ministros o los Prefectos de antes y Gobernadores de ahora.
Y la categoría Ordenamiento Territorial se hizo realidad. Todos los espacios físicos de la geografía nacional empezaron a tener responsables de desarrollo y fueron dueños de servicios. Mancomunidades Municipales, comunidades demandantes y productivas fueron apareciendo de la manera más natural; no había que inventar nada, bastaba con abrir los ojos para descubrirnos. Y los ojos, se fueron abriendo.
Todo esto se hizo para que la gente, para que nosotros, seamos dueños de nuestro futuro. Para que no decidan más en nuestro nombre sin consultarnos. Para que mi voto valga. Para obligar al centralismo a sufrir la soledad angustiosa del prepotente que debe reconocer las limitaciones que impone la Ley. Para que los Gobernantes sean Servidores, y l@s Ciudadan@s seamos Autoridad.
A partir de esa suma de realidades, que se había nutrido de marchas, movilizaciones, gente en las calles (festejando o protestando), descubrimos con muchos otros, con sus saberes y decires, cómo se completa la policromía social, cultural y humana de nuestra geografía. Ese inicio del camino ha aportado a uno de los procesos de refundación de la República más ricos y enriquecedores. Este resumen es un testimonio de reconocimiento al Proceso de Participación Popular, sin cuyas claves muchas de las circunstancias actuales tendrían una difícil explicación.
Esa fue la apuesta y la construcción en la que nos tocó vivir, ser testigos y protagonistas pues recién ocurrió hace 20 años, y cuyas consecuencias irrumpieron más allá de nuestro Territorio. Bolivia demostró al Sistema Interamericano que ya no era posible hablar de descentralización administrativa, sin participación popular.
¿Lo que falta? ¿Qué no se hizo bien? Toda obra humana tiene sobre sí la imperfección y deja abierto el camino para completarla. El simple hecho de que se recuerde una Ley convertida en Proceso, es una constatación de su existencia y aumenta el valor de lo ejecutado en su nombre. Suponerla dueña de todas las virtudes resulta tan desproporcionado como negarla o desconocerla. Vista en proyección, es un mojón sólido en la construcción democrática de nuestra sociedad que, por otro lado, sigue necesitando profundizar lo que se inició en 1994.
El que la Ley de Participación Popular no tenga un dueño y sí promotores y gestores distribuidos por todo el territorio, es un homenaje a la ciudadanía democrática, constructora y depositaria de este tramo del camino.
