La Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción presentaron el miércoles una denuncia a la Fiscalía General para que inicie una acción penal contra los responsables de la firma de al menos siete contratos entre cooperativas mineras y empresas privadas, lesivos al Estado.
En una conferencia de prensa conjunta, ambas autoridades explicaron que ese es el resultado preliminar de la intervención a la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y la auditoría realizada a los ‘primeros 42 contratos de riesgo compartido entre las cooperativas mineras y empresas privadas’.
“Estamos presentando una denuncia ante el Fiscal General para que se procese a las personas responsables que fundamentalmente causaron un daño económico al Estado”, informó la Ministra anticorrupción, Nardi Suxo.
Por su parte, el Procurador General del Estado, Héctor Arce, informó que esos contratos habrían sido suscritos entre 1998 y 2005 y dijo que se evidenció que las ganancias y los ingresos para las empresas privadas “son excesivamente desproporcionales”, beneficiando a los empresarios, incluso con 95% de los beneficios, en desmedro del Estado.
“Este análisis se ha basado en la Constitución vigente en ese entonces, la Constitución del 2 de febrero de 1967 que establecía un régimen de protección que habría sido violado, establecía también un régimen de naturaleza social cooperativa de cooperación, como su nombre lo dice, para el régimen cooperativo que también habría sido violado. Al ser estos contratos suscritos en función a la antigua Constitución Política del Estado, el análisis legal se lo ha hecho en base a esa y en base a la normativa minera que todavía está vigente y que es el Código de Minería”, aseguró, citado en un boletín institucional.
Arce afirmó que los delitos son principalmente responsabilidad de los ex funcionarios de la Corporación Minera de Bolivia, que consintieron o permitieron resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, además, de incumplimiento de deberes, “ocasionando supuesto daño económico al Estado”.
La Ministra de Transparencia pidió al Fiscal General celeridad en ese proceso judicial y una investigación “con total transparencia y oportunidad”.
Los contratos denunciados son los firmados por la Cooperativa Minera 10 de Noviembre Ltda. y la Empresa MNING DEVELOPMENT COMPANY.
Además entre la Cooperativa Minera 27 de Marzo Ltda. y la Empresa Manquiri Ltda,
Cooperativa Minera Poopó Ltda. y la Compañía Minera del Sur S.A., Cooperativa Minera Pulacayo Ltda. y Empresa ASC Bolivia Lds., Cooperativa Industrial de Fundición Catavi Ltda. y Empresa American International Trading Company., Cooperativa Minera el Porvenir Ltda. y la Empresa American International Trading, y la Cooperativa Minera Morococala Ltda. y la Empresa American International Trading.
