La Central Obrera Boliviana (COB), según su comportamiento social y político actual, ya no es el “órgano de poder” o “el comando político de la clase obrera”, como se la definía desde partidos de izquierda en los años 70 del siglo XX.
Por esa forma de organización se dijo, asimismo, que era un sindicato “anómalo”, es decir, que no era solo un sindicato, sino que a la vez cumplía tareas ideológicas y políticas, sin constituir un partido político.
Aquí transcurre cierto debate sobre la COB de antaño y de hogaño. Sobre la que fue, es necesario decir que como sindicato y órgano de poder derrotó golpes de Estado, con huelgas políticas como instrumento.
Los trabajadores y el pueblo boliviano, bajo conducción de la COB, cerraron el paso al golpe encabezado por el coronel del Ejército, Alberto Natusch Busch, en noviembre de 1979. Otra huelga laboral y política, sin embargo, no consiguió aplastar el golpe de 1980 de los militares narcofascistas: Luis García Meza y Luis Arce Gómez.
La central sindical padece una vieja limitación que no debemos olvidar: los asalariados son una parte sustancial de la COB, pero no son los únicos. Allí concurren también no asalariados: campesinos, estudiantes; asimismo, trabajadores por cuenta propia, como los gremiales de los mercados. Esa composición muestra la diversidad social, así como que circulan en ella ideas dispares y comportamientos políticos distintos, que provocan enfrentamiento entre sus miembros.
Un sindicato como la COB debe luchar por el salario, así como tiene que participar de la lucha política. La COB contemporánea tiene como centro de su actividad esa tarea insoslayable, pero es imprescindible que los asalariados y los cuentapropistas, que son sus afiliados, sean protagonistas, además, en los otros aspectos de la lucha de clases: de la acción política, de “la lucha de ideas”, de las demandas económicas y de la gestión cultural.
Con el máximo sindicato boliviano sucede ahora lo que antes observamos entre los asalariados mineros: éstos aceptaron pagos extralegales (1986) a cambio de su retiro de las minas, con lo que facilitaron la desarticulación de los más combativos actores socio-políticos del país. Básicamente por ese comportamiento, dijimos, después de la llamada relocalización, los mineros asalariados y los relocalizados (despedidos de sus fuentes laborales) demostraron que en esos centros laborales y campamentos mineros hubo mucho de revuelta (rebelión) y poco de revolución (acción consciente).
Con la central sindical boliviana ahora ocurre algo más que con la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) de aquellos años de neoliberalismo en el país: dirigentes de la COB-gobernantes estos días mantienen un acuerdo del que ganan sobre todo los gobernantes.
El Presidente dijo hace poco que, con ese entendimiento, los afiliados a la COB sumarán diez puntos porcentuales con los que los candidatos oficialistas alcanzarán el 74 por ciento del electorado boliviano, caudal en votos con el que el Presidente-candidato sueña ser reelegido, por tercera vez e inconstitucionalmente. Ese es un elemento político electoral del pacto entre los gobernantes y los dirigentes sindicales del país.
Otra muestra de esa más que convergencia es el acuerdo de los últimos días, gobernantes-COB, del 10 por ciento de aumento al salario de los trabajadores del país y el incremento del 20 por ciento al salario mínimo nacional.
Los empresarios grandes han manifestado su desacuerdo con ese aumento salarial y han dicho que no pueden pagarlo. Los empresarios medianos, por su parte, temen la quiebra de sus negocios si intentan costear los salarios de sus dependientes con el incremento ofrecido.
Miembros de centrales obreras departamentales (Cochabamba y Santa Cruz), afiliadas a la COB, demandaron que el aumento al salario debió ser del 20 por ciento y en reuniones sindicales se aprobó luchar por un salario de más de Bs 8.000 para una familia de cinco miembros.
La pasividad de los ejecutivos de la COB facilita la aprobación del proyecto de la Ley de Minería, instrumento legal que ante todo es favorable a los cooperativistas-empresarios mineros y, por tanto, a la privatización creciente de los recursos mineralógicos, incluidos los nacionalizados, como la mitad de las colas y desmontes de Catavi-Siglo XX concedidas en arriendo y para su explotación por ese sector económico. Esas colas y desmontes constituyen una importante reserva de estaño que fue recuperada para el Estado y para los bolivianos por el entonces presidente general Juan José Torres Gonzales (1971). Cuando observamos ese comportamiento de los integrantes actuales de la COB preguntamos qué intereses defienden.
Esa conducta de los cobistas de este tiempo los ubica detrás de los trabajadores de base porque éstos, con frecuencia, descubren con mayor precisión el lugar de los legítimos y legales intereses de las regiones, del pueblo y del país. Esa conciencia de los explotados y oprimidos, creemos, surge de sus condiciones de vida, de su experiencia, de su organización, de su unidad, de sus ideas o de las que asumieron como propias; afiliados a la COB que se mantienen distantes de los premios inmerecidos y de las presiones de los gobernantes.
La COB de este momento transita con frecuencia a la deriva, posee pocas ideas avanzadas, cuenta con una organización debilitada, su programa socialista (de otrora) ha sido abandonado, la unidad orgánica es insuficiente, carece de fuerza como para luchar por mejores condiciones de vida y de trabajo, y los aliados internos y externos con los que cuenta, en la acción concreta, no suenan ni truenan.
Sin embargo, confiamos en que la central sindical del país supere su crisis actual que daña los intereses de asalariados y cuentapropistas. Y se reconstituya un movimiento sindical de veras democrático, popular, antiimperialista y revolucionario.
