La Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TE) de La Paz denegó ayer la “acción de cumplimiento” que interpuso el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, en contra del Gobierno para validar el plazo del pacto fiscal. “Constituido en Tribunal de Garantías Constitucionales se deniega la acción de cumplimiento”, refirió el dictamen suscrito por la presidenta de la instancia jurisdiccional, Alba Luz Maldonado.
El pacto fiscal es una figura legal establecida en la Ley de Autonomías para establecer la generación, distribución y destino de los recursos públicos a las regiones. De acuerdo con la disposición décima séptima de la Ley Marco de Autonomías, “en un plazo no mayor a seis meses después de publicados los resultados oficiales del (…) censo, la propuesta técnica sobre el pacto fiscal deberá ser presentada al Consejo Nacional de Autonomías para desarrollar un proceso de concertación nacional y regional como paso previo a cualquier tratamiento por las vías legislativas.
Decisión. El plazo referido por la parte denunciante debería vencer el 31 de enero si se toma en cuenta la publicación de los primeros datos de la encuesta nacional que fue realizada el 30 de julio de 2013 y que el Gobierno validó a través del Decreto Supremo 1672.
Los demandados arguyeron que la discusión de la propuesta del Pacto Fiscal comenzará el 30 junio, puesto que, en rigor a la resolución 179/2013, emitida por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en esta fecha se entregarán los datos del Censo 2012. La corte aceptó este plazo del Gobierno como válido y legal.
“Tengo que ser honesto, tenía muy pocas esperanzas de que podamos ganar esta demanda. No quiero acusar, pero entendemos cómo está la justicia. Sabemos que hoy no tiene independencia”, lamentó Costas, luego de escuchar el dictamen en la audiencia conclusiva. El Gobernador presentó la querella en contra del presidente Evo Morales, los ministros de Autonomías, Claudia Peña; y de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora; además de la directora del Servicio Estatal de Autonomías (SEA), Sandra Duna.
Por su parte, el asesor legal del Ministerio de Autonomías, Fernando Ávila, expresó su satisfacción por el veredicto. “El Tribunal ha versado sobre los aspectos que dicta le ley, el ministerio lo que ha hecho es ceñirse a lo que dice la Ley de Autonomías. En la Gobernación de Santa Cruz ha habido mala información”, enfatizó.
En las réplicas, Costas explicó que su intención no fue “sentar en el banquillo de acusados” al presidente Morales. “Quien más pierde es el más pobre”, indicó, a tiempo de anunciar que apelará al Tribunal Constitucional.
