Un tribunal chileno absolvió a cinco oficiales y tres centinelas de la Gendarmería de Chile (guardia de penitenciaría) que estaban acusados del homicidio culposo de 81 reos que murieron en una cárcel de Santiago durante un incendio en diciembre de 2010.
En un fallo unánime, el tribunal sexto en lo penal de Santiago «ha llegado a la plena convicción de que la tragedia acaecida el 8 de diciembre de 2010 al interior de la cárcel de San Miguel tiene responsables, pero de modo alguno a quienes al día de hoy ostentan la calidad procesal de acusados», dijo el juez José Rodríguez.
El veredicto absolutorio, que incluye al exdirector de Gendarmería de Santiago, es de primera instancia, y los querellantes pueden solicitar la nulidad del juicio, mientras que la sentencia final con el detalle de la condena se conocerá el 13 de junio.
Decenas de familiares de los reos muertos, que se encontraban fuera del juzgado de Santiago, protestaron vehementemente tras conocer el fallo y se enfrentaron a fuerzas policiales, que los desalojaron y suspendieron el ingreso a esas instalaciones.
«Pasé hambre y penurias al ver imágenes y escuchar pruebas. Estoy disconforme con el fallo. Encuentro que es muy ilógico lo que pasó hoy», dijo a medios locales Angélica Cárdenas, familiar de uno de los fallecidos.
El juzgado basó el fallo en «la absoluta falta de mérito probatorio para asignar responsabilidad penal de los acusados» de parte de la Fiscalía, y que además «no aportó elementos de pruebas trascendentales para establecer los hechos», explicó Rodríguez.
El fatídico incendio, considerado la peor tragedia de la historia carcelaria de Chile, comenzó por la madrugada tras una riña entre internos y causó además 14 heridos y la evacuación de 200 presos.
La cárcel de San Miguel estaba habilitada para 900 internos, pero albergaba a 1.900 reos.
El día del siniestro era de visita, por lo cual centenares de familiares acudieron a ver a los reos, y fueron testigos del voraz fuego, que fue controlado luego de horas.
En marzo de 2011, los tres centinelas fueron apresados preventivamente, mientras que a los otros cinco oficiales se les impuso arraigo nacional tras ser acusados de homicidio culposo, lo que dio paso al juicio que duró nueve meses.
El incendio evidenció las condiciones de hacinamiento en el sistema penal chileno, que tiene capacidad teórica para 34.000 presos pero se estima alberga a más de 50.000.
