Una auditoría jurídica del Consejo de la Magistratura en el caso de la reyerta en la cárcel de Palmasola, en agosto de 2013, halló 42 casos de indicios de responsabilidad penal y 110 disciplinarias contra 16 jueces, empleados judiciales, fiscales y funcionarios de Régimen Penitenciario.
Según Wílber Choque, consejero de la Magistratura, la auditoría jurídica se practicó a 62 expedientes de internos del penal, de la sección Chonchocorito, que protagonizaron un enfrentamiento en agosto de 2013 que provocó la muerte de 35 personas, entre ellos un niño.
De acuerdo con el informe oficial de la Sala de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura, la auditoría estableció indicios penales contra 13 jueces, 3 secretarios, 1 juez de ejecución Penal, 10 fiscales y 15 funcionarios de Régimen Penitenciario.
Respecto a procesos administrativos, el informe estableció que 42 jueces tienen indicios de responsabilidad disciplinarios, al igual que 14 actuarios, 19 secretarios, 5 de personal de apoyo, 5 jueces de Ejecución Penal, 18 fiscales y 7 funcionarios de Régimen Penitenciario.
El informe no establece el número total de personas implicadas en este caso, debido a que cualquiera de los involucrados puede tener una o más denuncias en su contra, tanto en el área disciplinaria como penal.
Choque dijo que en el caso de los funcionarios que pertenecen al Órgano Judicial, la auditoría será remitida por la Unidad Nacional de Transparencia a los jueces disciplinarios, para que esa instancia establezca la responsabilidad; mientras que en materia penal, el informe será enviado al Ministerio Público para que inicie un proceso de investigación.
En cuanto a la participación de los fiscales, Choque adelantó que el informe será remitido al fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, para que asuma las medidas legales que corresponda. Similar procedimiento se seguirá con los funcionarios de Régimen Penitenciario.
Inicialmente, la auditoría estableció incumplimiento de deberes en unos casos y, en otros, negligencia, además de retardación de justicia; aunque Choque explicó que toda la responsabilidad no recae en los operadores de justicia, sino también en los abogados de internos que frenan plazos procesales establecidos por ley.
El Consejo de la Magistratura además remitió la auditoría a la Asamblea Legislativa, instancia que solicitó un informe sobre el papel que cumplieron los operadores de justicia, tras la pelea en Palmasola.
Pelea de reos en Palmasola
Ataque
El 23 de agosto de 2013, reos de la sección B del pabellón Chonchocorito del penal cruceño de Palmasola atacaron a sus similares de la sección A, para tener el control en esa zona carcelaria, que implica cobros ilegales a reos.
Víctimas
A raíz del ataque, en el que incluso se usaron garrafas de gas licuado, fallecieron 34 reclusos y un niño que vivía con su padre. Otros 60 reos resultaron heridos por quemaduras y golpes.
