Como muchos lectores ya conocen, esta semana que termina ha sido particularmente problemática para Animal Político. Nuestro redactor Ricardo Aguilar Agramont fue acusado de “espionaje” y de “revelación de secretos”, por el reportaje De cómo en la demanda marítima triunfó la idea de los “actos unilaterales”, publicado en este suplemento el 13 de abril. Junto a Ricardo, la Procuraduría General del Estado también denunció por complicidad a la directora de La Razón, Claudia Benavente Parada.
Por estos mismos días, tanto la nueva presidenta de la Asociación de Periodistas de La Paz, Lupe Cajías, como el exdirector de Página Siete, Raúl Peñaranda, han sido los primeros en difundir la visión, o por lo menos la duda, de que la acción gubernamental o es una cortina de humo o es una tramoya; en ambos casos para “evitar —como dice el señor Peñaranda en su columna Cara o cruz en Página Siete el viernes 9— que persista el descrédito de La Razón debido a que es un diario que pertenece a la órbita del oficialismo”.
Bonita lectura. En fin, cada cual está en su derecho de llevar agua a su molino a fin de consolidar la tesis del diario “paraestatal”. Pero cabe una pregunta: ¿puede el Gobierno emplear tal despliegue jurídico (encausar además del periodista a la misma directora del medio), arriesgar a tal punto algo que pocas veces se había visto (pedir el levantamiento del secreto de fuente), solo por cambiar la imagen de La Razón?
¿Tanto nos quiere la Procuraduría como para hacernos el favor de “lavarnos la cara” a costa de cargar con semejante debate que se viene encima con aquello del levantamiento del secreto de fuente, una de las cosas más sagradas que tienen los periodistas? Habría que preguntarle al Procurador y saber si esa es su verdadera intención.
Lo penoso, sin embargo, está en cómo ambos colegas dejan de lado, sin el menor remordimiento, el nudo del tema, por lo menos para el periodista Aguilar, para los periodistas de La Razón, para todos los periodistas, incluidos ellos: la demanda de levantar el secreto de fuente; el debate que de hecho está entablando la Procuraduría con su requerimiento bajo el argumento de que pide tal extremo porque con la nota se atentaría contra la seguridad del Estado. Este es el tema, este el debate, esta la pena.
