La demanda interpuesta por la Procuraduría General del Estado contra un periodista y la Directora de La Razón no tiene el propósito de perjudicar al medio, sino identificar al funcionario público que entregó la información, dijo ayer el vicepresidente del Estado, Álvaro García.
“El objetivo de la demanda que ha interpuesto el Procurador (Héctor Arce Zaconeta), la Procuraduría, no es sancionar a un medio, por el contrario, es saber qué funcionario público cometió esta infidencia”, apuntó durante un desayuno ofrecido a los periodistas por su día.
La Procuraduría acusó al periodista de La Razón Ricardo Aguilar de los delitos de “espionaje” y “revelación de secretos”, y a la directora del diario, Claudia Benavente, de “complicidad”. La demanda se origina en el reportaje De cómo en la demanda marítima triunfó la idea de los actos unilaterales que se publicó el 13 de abril en el suplemento Animal Político y que, según la querella, “revela información reservada”. En un comunicado, La Razón aseguró que los datos para la elaboración de ese trabajo periodístico se consiguieron de manera lícita y con los rigores del oficio.
La querella fue planteada el 22 de abril por la Procuraduría; el fiscal Facundo Coronel se pronunció el 25 de abril; el 29 de abril el juez 11° de Instrucción en lo Penal, Jhonny Machicado Apaza, ordenó el levantamiento del secreto de fuente y dio tres días para que Aguilar identifique su fuente. Sin embargo, tanto Aguilar como Benavente fueron notificados el 7 de mayo.
La defensa de los periodistas pidió la declinación de la competencia del fiscal y del juez penal porque la denuncia debió tramitarse ante un tribunal especial, según la Ley de Imprenta que rige desde 1925.
El Vicepresidente dijo que antes de tomar la decisión de interponer una demanda contra el periódico La Razón, se buscó a las fuentes que habrían entregado la información. “Hemos buscado por otros medios antes de que (Héctor Arce) tome esta decisión, no lo logramos”, comentó.
“El Procurador ha hecho esa demanda en esa búsqueda de encontrar a ese funcionario público que cometió ese error para que no vuelva a repetirse, (porque) es un tema de seguridad de Estado”, insistió.
Cambios a la ley de imprenta
Iniciativa
Álvaro García indicó que la Ley de Imprenta puede ser modificada si los trabajadores del gremio lo piden. “Tiene que ser con debate y a iniciativa de ustedes. El Gobierno no va a tomar iniciativas unilaterales”. Según él, la modificación, ampliación o corrección de la norma debe “salir” de un debate de periodistas y no de los empresarios de los medios. “En lo personal, creo que hay que actualizarla”, dijo. En su Art. 8, la norma establece que “el secreto en materia de imprenta es inviolable”.
