Cinco años después de los violentos enfrentamientos que en junio de 2009 dejaron 33 muertos y un desaparecido en la provincia amazónica de Bagua, 53 indígenas peruanos afrontarán desde el miércoles un juicio que incluye un pedido fiscal de condenas a cadena perpetua para sus dirigentes.
En el llamado «baguazo», que se produjo en medio de protestas de indígenas por unas leyes que había dado el entonces Gobierno de Alan García (2006-2011), murieron en total 23 policías y 10 civiles, mientras que un mayor de la Policía fue dado por desaparecido.
Sin embargo, el proceso que comenzará el miércoles se remitirá a los sucesos en la «Curva del diablo», como se conoce a una zona por donde se accede a Bagua, y donde ese día murieron 12 policías, 5 civiles y desapareció el mayor, según precisó hoy a Efe la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
Los otros fallecidos, en su gran mayoría policías, murieron durante la toma de un lote petrolero en el interior de la provincia.
La intervención policial también dejó unos 200 heridos, 83 de ellos de bala, en las localidades de Bagua y Utcubamba, los lugares hacia donde se dirigió la represión de la protesta indígena.
El portavoz de la CNDDHH, que envió hoy a Bagua a sus máximos representantes, Miguel Jugo y Rocío Silva, dijo a Efe que «es muy importante» que se inicie el juicio, aunque consideró que las autoridades no le están dando la relevancia necesaria.
«Este juicio es histórico porque implica un suceso que abrió todo el tema de la consulta previa (a las comunidades indígenas), todo el tema de pensar que vivimos en un país que convive con otras culturas, que hay que tener maneras dialogantes e inclusivas de poder dialogar», remarcó.
El portavoz enfatizó que la CNDDHH reconoce que «obviamente hay implicados» en los sucesos, que tienen que ser enjuiciados, pero dijo que esto debe darse «dentro de un debido proceso y con la importancia» que merece el caso.
Según el organismo, la Fiscalía ha pedido condenas a cadena perpetua, entre otros, para los procesados Dany López, Feliciano Carhuas, Héctor Requejo y Alberto Pizango, este último el líder visible de las protestas indígenas y quien tras los sucesos se asiló en Nicaragua hasta mayo de 2010, mientras la Justicia peruana lo requería por los cargos de sedición, conspiración y rebelión.
El pasado viernes, Pizango lamentó en una rueda de prensa los sucesos de 2009, pero también pidió que se absuelva a los procesados y se detenga la criminalización de las protestas de los indígenas.
Tras los sucesos en Bagua, varias organizaciones civiles denunciaron que se había producido un «genocidio» de indígenas, lo que generó un escándalo internacional que fue rechazado por el Gobierno de García.
El 19 de junio de 2009, el relator de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, afirmó en Lima que no existían elementos para hablar de genocidio, pero recomendó que los sucesos fueran investigados por una comisión independiente.
En noviembre de ese año, el entonces ministro de Justicia Aurelio Pastor denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una «malévola campaña de desinformación» en relación a los enfrentamientos en Bagua.
El Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, recomendó hoy a las autoridades judiciales que adopten las «garantías que permitan el desarrollo adecuado del proceso penal» y exhortó a que la sala judicial tenga «competencia exclusiva» en el caso y se cuente con intérpretes en lenguas indígenas.
