Líderes y miembros de comunidades indígenas amazónicas comenzaron a ser juzgados por un tribunal de una región selvática del noreste peruano por la muerte de 18 policías y civiles durante un grave conflicto por la defensa de sus territorios.
El histórico juicio en la ciudad de Bagua, en la región Amazonas puso en el banquillo a 23 indígenas de un total de 53 acusados por los violentos enfrentamientos del 5 de junio de 2009.
Ese día, los indígenas cortaron el paso de una carretera que ingresa en el Amazonas peruano para oponerse a una serie de decretos del segundo gobierno de Alan García (1985-1990 y 2006-2011), que abrían el camino a proyectos de explotación y extracción de recursos en sus territorios.
Las comunidades se levantaron para exigir la derogatoria de esos decretos, que no habían sido consultados y que finalmente no se aplicaron tras el grave conflicto.
Los indígenas afirman que los enfrentamientos se desataron por la agresión y violencia de la Policía contra los manifestantes que ocupaban la ruta. El proceso es considerado un símbolo en la lucha de las comunidades indígenas amazónicas contra el Estado peruano por la defensa de sus territorios y recursos naturales.
La Fiscalía ha pedido condenas de entre seis años y cadena perpetua para los acusados por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves, rebelión, sedición y motín.
Entre los procesados se encuentran indígenas de las etnias awajún-wampis, que habitan esa región a unos 1.000 kilómetros al nororiente de Lima. Los líderes Alberto Pizango de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep) y el apu (líder indígena) Santiago Manuin, uno de los primeros en caer herido en los líos, enfrentan penas de entre 35 años y cadena perpetua.
