Tuvo tres días para renegar de su nueva fe, pero no lo hizo. Ahora, la doctora Mariam Ishaq se enfrenta a la pena de muerte dictada por tribunales de Sudán por negarse a dar marcha atrás en su conversión al cristianismo.
Ni siquiera el hecho de Ishaq vaya por el octavo mes de embarazo y esté a punto de dar a luz hizo temblar al juez Abás al Jalifa, quien confirmó esta semana una pena capital que ha despertado el rechazo inmediato de las organizaciones de derechos humanos.
Amnistía Internacional difundió un duro comunicado en el que calificó de “aberrante” la sentencia contra la doctora de 27 años y añadió que los delitos de los que fue hallada culpable, apostasía y adulterio, no deberían ser considerados tales.
A este clamor se han unido otros como Human Rights Watch u organizaciones regionales como el Centro Africano para Estudios de Justicia y Paz.
Sobre el terreno, los más vociferantes fueron los ciudadanos y activistas que se congregaron frente al Tribunal Penal de Jartum para protestar con pancartas como “Mariam tiene derecho a ser cristiana” o “La libertad religiosa es un derecho constitucional”.
La aplicación de la sharía (ley islámica) en Sudán es criticada, porque consideran que ésta no debe ir en contraposición al respeto de los derechos humanos.
El abogado de la mujer, Ahmed Abdalá, explicó a EFE que la última ejecución de un musulmán en Sudán después de ser condenado por apostasía fue en 1985, bajo el régimen socialista del presidente Gafar al Nimeiri, cuando el líder reformista Mahmud Mohamed Taha fue mandado a la horca. Ese mismo destino aguarda ahora a Ishaq, quien, sin embargo, no será ejecutada antes de dos años, según estipuló la corte a petición de los presentes en la sala, para conceder a la mujer tiempo para dar a luz a su bebé y para amamantarlo.
