El Proyecto de Ley 144, cuya base fue planteada por el senador Hilarión Mamani el 1 de junio de 2023, fue el último intento por salvar las elecciones judiciales. El 31 de agosto, la Cámara de Senadores aprobó la ley con el respaldo de las fuerzas políticas.
Para entonces, la resolución legislativa de convocatoria a elecciones y el reglamento de preselección de postulantes habían superado dos escollos, un recurso presentado en tribunales de Beni por el ciudadano Miguel Ángel Balcázar y otro, abstracto de inconstitucionalidad, interpuesto por el diputado beniano de Creemos Leonardo Ayala. Este último fue tramitado el 25 de abril y resuelto tres meses después, el 31 de julio, por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que se dio el tiempo necesario para dejar en fojas cero el proceso.
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PL 144
Una comisión conformada por el vicepresidente David Choquehuanca, a su vez presidente nato de la Asamblea Legislativa, fracasó en su intento de proponer un proyecto de ley único.
Sin embargo, por su cuenta y con el respaldo de senadores del Movimiento Al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, la Cámara de Senadores aprobó el 31 de agosto el proyecto de Mamani, con las modificaciones propuestas por CC. Al día siguiente, el documento fue remitido a Diputados, que, de paso, lo derivó a su Comisión de Constitución. Ésta, presidida por el diputado arcista Juan José Jáuregui, mandó el documento a consulta ante los ministerios de Economía, Justicia y Planificación del Desarrollo, y los órganos Electoral y Judicial, además del Consejo de la Magistratura con el fin de revisar la viabilidad constitucional y técnica. Eludió adrede el TCP.
Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia consultó con el TCP la constitucionalidad del proyecto de ley (PL 144). El resultado fue la Declaración Constitucional 049/2023, que el 11 de diciembre de 2023 declaró inconstitucionales ocho artículos del proyecto, prorrogó, “de manera excepcional y temporal”, el mandato de 23 magistrados de los tribunales de Justicia, Agroambiental y Constitucional, y tres miembros del Consejo de la Magistratura más allá de los seis años de gestión instituidos en la Constitución, y urgió a la Asamblea Legislativa la convocatoria a elecciones y la preselección de postulantes.
Se trata del documento base para la discusión legislativa, ante la urgencia de su tratamiento. Es que ya venció la aprobación en el Senado y, una vez conocida la posición del TCP, solo espera su consideración en Diputados.
Datos
Lo central, la declaración constitucional valida el parágrafo II de la disposición adicional sexta del proyecto, que dicta, “de manera excepcional”, que, “a partir del 2 de enero de 2024, quedan suspendidos todos los plazos procesales para todas las causas que se encuentren en trámite (…)”.
La decisión del TCP de prorrogar el mandato de las autoridades del Órgano Judicial y del TCP electas en 2017 ocupa ahora a la Asamblea Legislativa y, a su vez, genera protestas en el ala evista del MAS, que desde el 22 de enero propicia un bloqueo de caminos que, especialmente, se concentra en Cochabamba y ayer ocasión tensiones en Caracollo, Oruro.
La movilización busca la renuncia de magistrados y consejeros prorrogados, y la convocatoria a elecciones judiciales. El Gobierno califica el movimiento de político y apunta a Evo Morales.
(30/01/2024)
