Cuatro de los acusados en el juicio por las violentas protestas indígenas ocurridas en 2009 en la localidad de Bagua, en la selva de Perú, sostuvieron hoy que no participaron en las acciones que dejaron 33 muertos y un desaparecido, informó a Efe Juan José Quispe, uno de los abogados de la defensa.
En la tercera audiencia de la Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Bagua, declaró por ese caso un indígena de la etnia awajún que señaló que los agentes policiales le hicieron acusar a líderes nativos de bloquear carreteras, dijo Quispe.
«Él aclara que se vino de su comunidad, que le dijeron que colaborara con la protesta. Él cocinaba, pero en ningún momento sabía quiénes eran los líderes, los que instigaban, pero en su declaración (tras su captura) le hicieron poner los nombres de los líderes de la zona que habían promovido el paro amazónico», añadió.
Según el letrado, el indígena dijo que en el momento de su detención fue golpeado por los policías, que no contó con un intérprete, pese a que no hablaba español, y que no tuvo un abogado de su elección, tal como lo manda la Constitución peruana. Los otros tres interrogados señalaron que estaban de paso por la zona y que tampoco habían participado en los actos de violencia.
Por ese caso han sido acusadas 52 personas, 23 de ellas indígenas de las etnias awajún y wampis, y el lunes último ninguna se acogió al beneficio de «terminación anticipada», por la que tenían que aceptar todos los cargos en su contra para tener una condena que podía ser por debajo del mínimo legal establecido.
En junio de 2009, en la zona denominada «Curva del diablo», por donde se accede a la localidad de Bagua, en la región de Amazonas, murieron doce agentes y cinco civiles y desapareció el mayor de la Policía Felipe Bazán a causa de violentos enfrentamientos.
Los otros fallecidos, en su mayoría policías, murieron durante la toma de un lote petrolero en el interior de la provincia.
La intervención policial también dejó unos 200 heridos, 83 de ellos de bala, en las localidades de Bagua y Utcubamba, los lugares hacia donde se dirigió la represión de la protesta indígena, que se originó en rechazo a unas leyes del Gobierno del entonces presidente peruano Alan García (1985-1990 y 2006-2011) para facilitar la entrada de la industria extractiva en sus territorios.
Los acusados afrontan acusaciones de homicidio calificado, lesiones graves, entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, rebelión, sedición y motín, delitos contra la tranquilidad pública y arrebato de armamento o municiones de uso oficial.
La Fiscalía Superior Mixta de Bagua ha solicitado que se impongan penas que van desde los 6 años de cárcel hasta la cadena perpetua para los considerados líderes de las protestas, entre ellos Alberto Pizango, que tras los sucesos se asiló en Nicaragua hasta mayo de 2010, mientras la Justicia peruana lo requería por los cargos de sedición, conspiración y rebelión.
El proceso comenzó el 14 de mayo en medio de los peticiones de organismos de derechos humanos para que se respete el debido proceso y exigencias de «justicia para los inocentes procesados».
La siguiente audiencia se programó para el 10 de junio, según Quispe
