Los diputados Fabián Yaksic (MSM) y Rebeca Delgado (MAS) anunciaron que pedirán al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) una investigación de la supuesta injerencia política en la justicia boliviana, así como la violación a los derechos humanos de personas detenidas en casos considerados de importancia para el Gobierno.
Esa es la resolución a la que llegaron tras presentar las conclusiones de la investigación que realizó la Comisión de Justicia y Verdad a los casos Terrorismo, Red de Extorsión, represión a indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), entre otros.
Yaksic aclaró que el informe y las conclusiones se lograron gracias a las declaraciones de los exfuncionarios del Ministerio de Gobierno: Denis Rodas, Boris Villegas, Fernando Rivera y Ramiro Ordoñez, de los exfiscales Roberto Achá, Isabelino Gómez y Edward Mollinedo y del exjefe departamental de la Dirección de Bienes Incautados (Dircabi) Santa Cruz, Moisés Aguilera, el 3 de abril de este año en el penal de Palmasola de Santa Cruz.
Las conclusiones de su informe dan cuenta de la conformación de gabinetes jurídicos desde el 2008 al 2011 a cargo de ministros, viceministros y fiscales, los cuales habrían manipulado diferentes casos judiciales para favorecer políticamente al Movimiento Al Socialismo (MAS).
Estos gabinetes jurídicos habrían nombrado fiscales del Ministerio Público y jueces del Órgano Judicial que trabajaron para el Gobierno, con el fin de lograr condenas irregulares. Se habla de la injerencia política en al menos 40 casos.
También denunciaron la conformación de un servicio de contra inteligencia en lo que antes se conocía como la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (UTARC) y el F10 del Ejército, para lo que ahora se denomina el Grupo de Investigación de Casos Especiales (GICE), dependiente del Ministerio de Gobierno y de la Vicepresidencia.
A ello se suma, la compra de equipos de escuchas telefónicas y financiamiento del Gobierno de Venezuela para la implementación y sostenimiento del aparato paraestatal.
Por estas razones, según la diputada Delgado, pedirán, además, la protección de los acusados de estos denominados «casos clave» para el Gobierno.
«Solicitamos la presencia de una delegación del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para que verifiquen la vulneración de derechos humanos y ausencia de garantías jurisdiccionales de los detenidos denunciantes en la cárcel de Palmasola y la cárcel de San Pedro. Además de verificación y entrevistas a las víctimas de Chaparina», afirmó Delgado.
Otra de las acciones que asumirán será la instauración de un proceso en la justicia internacional, específicamente en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), donde denunciarán la «obstaculización a las labores de fiscalización» y la «vulneración a las garantías y libertades constitucionales» de parte del Gobierno, ya que se consideran víctimas de persecución, acoso, violencia política y amedrentamiento.
Y es que, tras la conformación de esta comisión, el Ministerio de Gobierno los acusó de recibir órdenes del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, de su exministro Gonzalo Sánchez Berzaín, y del ex líder cívico cruceño, Branko Marinkovic, situación que los obligó a renunciar a esta comisión.
Los legisladores anunciaron que las conclusiones de su investigación serán presentadas en sobres lacrados a la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Supremo de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos para que inicien las investigaciones correspondientes.
Gobierno rechaza conclusiones
A través de un comunicado de prensa, el Ministerio de Gobierno señaló que este supuesto informe de la «ilegal comisión» de diputados carece de toda legalidad y constituye una transcripción de «mentiras y acusaciones temerarias» de los acusados de la Red de Extorsión que guardan detención en la cárcel de Palmasola.
«El Ministerio de Gobierno lamenta que los parlamentarios autores de ese libelo hayan reducido la labor de fiscalización reconocida en la Constitución Política del Estado como función esencial del Órgano Legislativo a la tarea de recopilación de las falsedades divulgadas por los integrantes de la Red de Extorsión y Corrupción que ya recibió una sentencia condenatoria en primera instancia», señala el boletín.
