El vicepresidente argentino, Amado Boudou, tendrá que declarar ante la justicia por supuesto tráfico de influencias, en un hecho inédito para un vicepresidente en ejercicio, que acusó a sectores económicos de impulsar una campaña en contra del gobierno.
El político, número dos de la presidenta Cristina Kirchner, fue citado a declarar como imputado el 15 de julio, fecha que el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, consideró como una «rara coincidencia». Ese día Kirchner podría viajar a Brasil para participar de una reunión del Grupo de potencias emergentes Brics, y entonces Boudou asumiría la presidencia interina.
El juez Ariel Lijo citó a Boudou para declarar por una gestión de 2010, realizada cuando era ministro de Economía ante la agencia de recaudación fiscal (Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP), para evitar la quiebra de la empresa Ciccone Calcográfica, la única imprenta de billetes y documentos oficiales, ahora expropiada por el Estado.
En la citación Lijo considera procedente la indagatoria por sospechar que «Boudou aprovechó su condición de funcionario público» para favorecer a la empresa.
Además sospecha que el vicepresidente «junto a José María Nuñez Carmona, habrían adquirido la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, mientras Boudou era ministro de Economía (durante el primer mandato de Cristina Kirchner), a través de la sociedad The Old Fund y de Alejandro Vandenbroele, con el fin último de contratar con el Estado Nacional la impresión de billetes y documentación oficial», dice el escrito.
Vandenbroele y Carmona son dos de los accionistas involucrados, al igual que Rafael Brenner, Guillermo Reinwick y Nicolás Ciccone, todos incluidos en la citación judicial.
«Esto significa que hay elementos suficientes para suponer que -el vicepresidente- incurrió en una conducta que puede ser reprochada judicialmente», dijo el fiscal federal Jorge Di Lello, que interviene en la causa.
Di Lello explicó que Boudou «está imputado y no acusado», un paso procesal previo a una acusación penal. El fiscal dijo que el vicepresidente «no puede declarar por escrito», por lo que deberá acudir al juzgado el 15 de julio.
Denuncias y acusaciones
«Juro y sostengo que no cometí un acto de corrupción y así lo voy a demostrar cuando me presente a declarar a la indagatoria», dijo tras conocer la citación Boudou, de 51 años, en declaraciones a radio 10.
Poco antes de partir hacia El Salvador para asistir el domingo a la asunción del presidente electo, Salvador Sánchez Cerén, en representación de Kirchner, Boudou insistió: «de ninguna manera voy a renunciar ni pedir licencia porque soy inocente».
«Si tuviera un poco de vergüenza, Boudou debería renunciar. La presidenta debería exigirle que se tome licencia o renuncie», advirtió la legisladora de centroizquierda Graciela Ocaña, una exfuncionaria de Kirchner pasada a la oposición.
El vicepresidente consideró que la causa se enmarca en una campaña de sectores económicos contra el gobierno de Kirchner, a quien Boudou acompañó en la fórmula presidencial que ganó las elecciones de 2011 con el 54% de los votos.
«Algunos sectores están buscando condicionar al gobierno y obtener beneficios económicos», dijo al acusar a los dos principales diarios del país, Clarín y La Nación, de montar «una campaña mediática» sobre la causa.
Boudou remarcó que la citación se produce un día después de que el gobierno argentino cerrara un acuerdo con el Club de París para saldar una deuda por 9.700 millones de dólares.
«Eligieron la fecha cuando hay una noticia muy importante por el acuerdo con el Club de París, cuando el gobierno logró una cosa muy importante que es terminar con el default (declarado en 2001), pero no podrán aguar la fiesta porque ese acuerdo va a tener beneficios reales para todos los argentinos», afirmó a radio Continental.
Otro presunto caso de corrupción que roza al gobierno de Kirchner involucra a la familia de Lázaro Báez, un empresario cercano a la mandataria, que según un documento de la justicia suiza citado este viernes por el diario La Nación, habría depositado «alrededor de 22 millones de dólares» en ese país transferidos desde Panamá, en una causa por lavado de dinero que investiga la justicia.
