El Colegio de Periodistas de Costa Rica pedirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que acelere una denuncia planteada desde 2005 por un atentado terrorista en que murieron varios comunicadores hace 30 años y que continúa en la impunidad.
La gestión es respaldada por diputados de varios partidos políticos que se han unido al gremio para demandar la acción de la CIDH, un organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Washington.
La demanda fue planteada inicialmente contra Costa Rica por la falta de acción en este caso, pero en el 2012 el Colegio de Periodistas lo amplió a Nicaragua, debido a sospechas de que autoridades de ese país pudieron estar involucradas.
El atentado con bomba, perpetrado el 30 de mayo de 1984 en un lugar de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua conocido como La Penca, a orillas del río San Juan, tenía como objetivo aniquilar al entonces guerrillero nicaragüense Edén Pastora, líder de una fracción anti-sandinista.
Aunque perdonó la vida a Pastora, la explosión mató a tres trabajadores de la prensa: la estadounidense Linda Frazier del periódico anglófono Tico-Times, el camarógrafo Jorge Quiros y su asistente Evelio Sequeira del Noticiero local de Canal 6, y causó heridas graves y mutilaciones a otros quince periodistas.
La bomba también mató a cuatro guerrilleros que acompañaban a Pastora.
Desde el principio figuró como principal sospechoso de colocar la bomba un falso periodista que se coló entre el grupo de comunicadores con la identidad de Per Anker Hansen, un danés que -hasta ahora- se sabría que nunca visitó Centroamérica y que tiempo antes había reportado la pérdida de su pasaporte.
Tras nueve años de investigaciones en varios países, se llegó a establecer que el sospechoso era en realidad el terrorista argentino Roberto Vital Gaguine, del izquierdista Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), quien falleció en 1989 en un enfrentamiento armado.
Esto hizo recaer sospechas sobre el Frente Sandinista de Liberación Nacional(FMLN), que gobernaba en Nicaragua bajo la presión de los guerrilleros «contras» financiados por Estados Unidos.
Las autoridades de Nicaragua «no solo no resolvieron el caso, sino que no hicieron absolutamente nada; ahora que hay investigaciones que relacionan a al Frente Sandinista de Liberación Nacional (con el atentado), entendemos por qué no se hizo nada», señaló el presidente del Colegio de Periodistas de Costa Rica, José Rodolfo Ibarra.
Por su parte, la Fiscalía General de Costa Rica cerró en diciembre de 2013 la investigación del caso, que solo podría reabrirse en un tribunal internacional.
