El vicepresidente Amado Boudou tendrá que declarar ante la Justicia por supuesto tráfico de influencias, en un hecho inédito para un vicepresidente en ejercicio, que acusó a sectores económicos de impulsar una campaña en contra del Gobierno.
El político, número dos de la presidenta argentina Cristina Fernández, fue citado a declarar como imputado el 15 de julio, fecha que el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, consideró como una “rara coincidencia”. Ese día Kirchner podría viajar a Brasil para participar de una reunión del grupo de potencias emergentes Brics, y entonces Boudou asumiría la presidencia interina.
El juez Ariel Lijo citó a Boudou para declarar por una gestión de 2010, realizada cuando era ministro de Economía ante la agencia de recaudación fiscal (Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP), para evitar la quiebra de la empresa Ciccone Calcográfica, la única imprenta de billetes y documentos oficiales, ahora expropiada por el Estado.
En la citación Lijo considera procedente la indagatoria por sospechar que “Boudou aprovechó su condición de funcionario público” para favorecer a la firma. El fiscal federal Jorge Di Lello, quien interviene en la causa, explicó que Boudou “está imputado y no acusado”.
