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Un atropello oficial y una incongruencia procesal

El juez 11º de Instrucción en lo Penal, Jhonny Machicado, resolvió sin previo proceso y en un ámbito que no le compete que Ricardo Aguilar levante el secreto de fuente, dándole un plazo de tres días.

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Por Juan René Castellón
La Paz / junio 8, 2014
en Animal Político

El procurador del Estado, Héctor Arce, ha presentado una demanda penal en contra de dos periodistas de La Razón. Los acusa de espionaje, revelar secretos de Estado y complicidad, pide que levanten el secreto de fuente.

El juez 11º de Instrucción en lo Penal, Jhonny Machicado, resolvió sin previo proceso y en un ámbito que no le compete que Ricardo Aguilar levante el secreto de fuente, dándole un plazo de tres días.

Un atropello del Procurador y una incongruencia del juez. Los periodistas estamos protegidos por la Ley de Imprenta, que está reconocida por la Constitución Política del Estado. Lo que procede, es que el Procurador plantee un juicio de imprenta si cree que la nota sobre la demanda marítima tiene algún problema. Y el juez Machicado debió convocar a los jurados de imprenta para tratar el caso y no asumir competencias que no tiene.

Lo que en el fondo pretende Arce es que los periodistas revelen con quién o con quiénes conversaron para elaborar el artículo publicado en Animal Político. Lo está haciendo de una manera atropelladora y abusiva. Los periodistas no podemos revelar el nombre de una fuente, a quien hemos prometido que no identificaremos. Es un imperativo ético, reconocido por las normas nacionales y los códigos éticos y legales internacionales.

Si algún periodista hace lo que pide Arce, estaría actuando como un “soplón” y traicionando al periodismo y sus códigos. Ningún periodista, que se precie de tal, puede hacer lo que exige el Procurador.   Esta autoridad tiene que mirar en el entorno gubernamental. Si alguien reveló “secretos de Estado”, está en las filas del oficialismo.

El Procurador tiene que saber que el demandado es un periodista, que actuó como tal, bajo medios y fines lícitos, y el resultado de sus investigaciones fue publicado el 13 de abril. No es un espía. No ocultó micrófonos, no robó documentos y no los pasó al enemigo. Él buscó información y la publicó.

El juez Machicado tiene que definirse y hacerlo conforme a las leyes que juró cumplir y hacer cumplir. Primero ordena que se levante el “secreto de imprenta” y renglón seguido rechaza enviar el caso a los jurados de imprenta. Es decir, primero falla en el ámbito de imprenta y después no quiere que el proceso prosiga en esa jurisdicción.

¿Qué pasa con el juez Machicado? 

en tendencia: AtropelloincongruenciaoficialProcesal

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