La imputación esta madrugada del expresidente de Francia Nicolas Sarkozy por corrupción compromete su eventual regreso a la escena política y el futuro de la Unión por un Movimiento Popular (UMP), formación conservadora que se encuentra dividida, arruinada y salpicada de escándalos financieros.
Reina la incertidumbre en torno al futuro político de Sarkozy, que ayer se convirtió en el primer expresidente de Francia obligado a declarar en calidad de detenido ante la policía, y durante 15 horas.
Pero parece claro que su calendario público estará marcado por la agenda judicial que acarrea su imputación por «corrupción activa», tráfico de influencias y encubrimiento en el secreto de instrucción, un proceso que cabe esperar se dilate durante un año y medio, al menos.
Hasta ahora se daba por sentado que Sarkozy preparaba su regreso al frente político, con una primera cita ineludible el próximo 29 de noviembre en las elecciones para elegir al presidente de la UMP, el partido que en 2007 le llevó al Elíseo, y con la vista puesta en las presidenciales de 2017.
Algunos analistas, como el jefe de política de la televisión «BFM», Thierry Arnaud, sostenían que Sarkozy tomaría una decisión sobre su futuro tras reflexionar durante el verano.
Otras informaciones, como la publicada ayer por el diario «Le Parisien» y hoy por «Le Monde» a partir de declaraciones de sus colaboradores cercanos, apuntan a que su delicada situación judicial refuerza aún más su determinación de regresar al ruedo político.
Incluso, tanto entre sus allegados como en las filas de sus rivales para liderar el centro-derecha hay quienes creen que la acumulación de procesos podría beneficiarle, al permitirle presentarse ante la ciudadanía como víctima de un complot muñido, con el beneplácito del Gobierno socialista, por jueces parciales.
Mientras tanto, los rivales que pugnarán con él por el control de la UMP guardan las distancias, como el exprimer ministro François Fillon, o le apoyan públicamente, como el que también fuera jefe del Ejecutivo y actual alcalde de Burdeos, Alain Juppé, quien evocó la «amistad» que le une con Sarkozy.
El «asunto judicial» puede desembocar en un «asunto de Estado», en función de la implicación del Ejecutivo en la suerte procesal de Sarkozy, apuntaba hoy en los micrófonos de «RTL» el exminsitro Bruno Le Maire, otro de los candidatos a presidir la UMP.
Ese partido, coalición de distintas corrientes conservadoras sumida en una crisis interna, quedó al borde de la ruina económica cuando el Consejo Constitucional invalidó hace un año las cuentas de la campaña para la reelección de Sarkozy, obligando a la formación a reembolsar 11 millones de euros.
Se investiga también si el expresidente, buscando un segundo mandato en el Palacio del Elíseo, cargó al partido facturas falsas de esa campaña política a través del gabinete de comunicación Bygmalion, que organizó 44 de sus mítines electorales.
Según «Le Monde», la estrategia de victimismo puede alentar a sus acérrimos en la convención partisana del próximo otoño, pero alejarle del electorado de centro, un voto crucial para una eventual victoria en 2017.
Su triple imputación por «corrupción activa», que podría costarle una pena máxima de diez años de cárcel, se apoya en unas escuchas telefónicas ordenadas por los dos jueces que instruyen el caso.
Los investigadores deducen que Sarkozy y su letrado, Thierry Herzog, recibían de parte de un alto magistrado filtraciones sobre instrucciones en curso contra el político conservador, siete en total.
Los tres están imputados por los mismos delitos, a partir de una instrucción sobre la presunta financiación ilegal de la campaña de Sarkozy por parte del exdictador libio Muamar el Gadafi.
Su entorno, en cambio, rechaza la validez legal de las escuchas telefónicas que han provocado su procesamiento, pues entiende que violan el derecho de confidencialidad que existe entre un abogado y su cliente.
Desde las filas socialistas, la estrategia de comunicación se centra en reivindicar la independencia del poder judicial y recordar que a Sarkozy le ampara la presunción de inocencia, como a cualquier otro ciudadano, dos «grandes principios» de un Estado de derecho.
