Los propietarios de vehículos indocumentados o chutos del trópico de Cochabamba pidieron ayer al Gobierno una nueva amnistía para nacionalizar sus coches. Denunciaron que son extorsionados por los policías debido a la falta de documentos y placas legales de sus motorizados.
“El Gobierno dijo que no iba a ingresar un solo vehículo indocumentado y, ya que hubo fallas, es necesario conversar y buscar no sé si nacionalización o amnistía porque hay una cadena de corrupción donde la mayoría de los propietarios somos víctimas”, manifestó Félix Mamani, presidente de la Asociación de Vehículos Indocumentados del Trópico de Cochabamba.
Antes de la nacionalización de los motorizados, la Policía cobraba entre Bs 200 y Bs 250 por extender un permiso de circulación que servía solo para el municipio.
Esta irregularidad era denominada “vacuna legal”. Ahora “no estamos aceptando la ‘vacuna’ porque no beneficia a nadie y aumenta la corrupción”, protestó el dirigente.
VACUNAS. Al no existir las “vacunas”, los efectivos policiales “en cualquier momento hacen operativos y van sacando multa, están extorsionando. Amenazan, les dicen que van a reportar a Diprove, les piden plata y los dueños van pagando sumas arriba de Bs 1.000 o Bs 2.000”, denunció Mamani.
Los cobros se realizan no solo por dejar libre el motorizado, también por devolverlo si es incautado. Informó que luego del megaoperativo llevado a cabo por el Control Operativo Aduanero (COA) y la Dirección de Prevención y Robo de Vehículos (Diprove) el 8 de junio en localidades del trópico, y donde se incautaron de 30 motorizados, “varios ya han retornado pagando $us 1.000, queremos que esto termine”, manifestó el dirigente.
Son más de 4.000 vehículos registrados en la asociación, ubicada en Ivirgarzama, donde existe la autoventa más grande del trópico cochabambino. “Siguen ingresando algunos (coches) y no están registrados, esto aumentaría la cifra”, explicó. Los dueños son parte de las centrales cocaleras, sindicatos o federaciones que requieren un motorizado para llevar sus productos al mercado o trabajan en el transporte público de pasajeros.
“Necesitamos conversar, hemos intentado y no tenemos respuesta, la violencia genera violencia y si hay operativos, nos vamos a defender. Las autoridades buscan ambiente de diálogo con otros grupos y es lo que queremos, reunirnos y buscar salidas sin enfrentamientos”, indicó Félix Mamani.
Pidió a las autoridades del Gobierno dialogar en torno al tema, porque —dijo— no aceptarán más operativos ni la incautación de los motorizados que fueron comprados “de buena fe”. Afirmó que pagaron, según el modelo, hasta $us 5.000 por un vehículo marca Toyota o Nissan, la mayoría vagonetas.
En cuanto a las placas, antes de la nacionalización y luego de ella los autos circulaban sin placas, ahora y ante los cobros, compran las placas. “Hay desde Bs 100, las truchas cuestan Bs 700 y Bs 1.000 si son originales, pero hemos tenido problemas porque hemos adquirido placas y habían estado con denuncia de robo y de asesinato”.
