Tras el bloqueo de calles protagonizado la semana pasada por los choferes de El Alto, el Gobierno Municipal de esa urbe anunció su intención de elaborar un estudio de costos para determinar cuál debería ser la tarifa del transporte público. Ese anuncio desinfló (temporalmente) el conflicto, toda vez que los choferes sindicalizados decidieron ingresar en un cuarto intermedio. No obstante, han dado un plazo, 30 días, para la entrega de ese estudio. De lo contrario, amenazan, reanudarán sus medidas de protesta.
Ahora bien, no cabe duda de que este tipo de conflictos deberían resolverse por medio de una autoridad competente, encargada de determinar las tarifas sobre la base de estudios técnicos, que goce de la suficiente confianza por parte de la población, de tal manera que sus resoluciones sean acatadas sin mayores discusiones.
Sin embargo, el hecho de que la municipalidad alteña haya decidido realizar ese (necesario) estudio recién después del paro de transportes sienta un pésimo precedente, por cuanto deja el equivocado mensaje de que la forma más efectiva que tienen aquellos que reclaman algún tipo de beneficio es amenazando los derechos de terceros. Lo que pone en relieve la escasa capacidad que tienen las autoridades, en este caso locales, de proteger a la población y al Estado de derecho.
