El representante del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo, Édgar Quiroz, destacó la importancia de “reeducar” e incidir en la formación de policías y militares para evitar la tortura y muerte de jóvenes que cumplen con el servicio militar en el país.
En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, consideró que las autoridades deben “desaprender” lo que aprendieron en su formación, en su familia y en la sociedad. Sugirió que las instituciones adecuen sus mallas curriculares e incluyan materias de derechos humanos y, principalmente, de prevención de tortura.
“A partir de esta reeducación podemos evitar sufrimiento de las familias y conscriptos que son torturados (…) por militares o policías en su ejercicio de instructores”, indicó.
El funcionario aseveró que realizan visitas a los cuarteles para analizar las condiciones de las normas internas de los centros del servicio. “El análisis que vemos es incidir en la formación del policía para que conozcan los derechos humanos”.
La Defensoría del Pueblo busca replantear los reglamentos de los cuarteles sobre el ejercicio excesivo y los castigos que sufren los subalternos.
En un primer reporte de la Defensoría del Pueblo en 2015, se identificó al menos 40 muertes entre 2010 y agosto de 2015 en cuarteles militares y policiales. En un segundo informe de 2010 a 2023, se reportaron a 62 conscriptos muertos por ejercicios forzados, armas y agresiones físicas.
Al respecto, Quiroz lamentó la muerte de los jóvenes en cuarteles, cuyas cifras son “preocupantes”.
También, recordó el caso de San Matías, en el cual se investiga la muerte de Edwin Veizaga (23), un conscripto que realizaba su servicio militar en un recinto de Santa Cruz. Según el informe preliminar, el joven fue encontrado en una vivienda donde presuntamente entró para robar, por lo que fue golpeado y asfixiado.
“Tenemos entendido que, según la autopsia, la causa de la muerte fue por asfixia húmeda”, afirmó.
Finalmente, exhortó a la población a acudir a sus 21 oficinas en el país para denunciar vulneración de derechos por parte del Estado.
