Los policías del Control Operativo Aduanero (COA) “están recibiendo amenazas de muerte” por realizar su labor de incautación de vehículos chutos, denunció ayer Marlene Ardaya, presidenta de la Aduana, quien advirtió también con procesar a las autoridades o funcionarios públicos que permitan la circulación ilegal de estos motorizados en el territorio nacional.
“Estamos protegiendo primero a la familia de los oficiales”, dijo la funcionaria en entrevista con radio Panamericana, reportó ABI.
Ardaya admitió que en las últimas semanas el contrabando de motorizados “se ha agudizado” en la frontera con Argentina, debido a la devaluación de la moneda de ese país. Por ello, anunció, se realizarán operativos “más fuertes” en esa región con el apoyo del Ministerio de Gobierno, así como en las fronteras con Chile y Perú.
La Aduana advirtió ayer con procesar por contrabando y usurpación de funciones a las autoridades o funcionarios públicos que estén realizando controles aduaneros y procediendo a emitir “autorizaciones” para la circulación en el país de vehículos chutos.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, reconoció ayer que policías y funcionarios municipales de la región de los Yungas de La Paz y del trópico de Cochabamba, así como empleados de algunas estaciones de servicio, estarían implicados en una red que permite la circulación de chutos.
“Hay estructuras de poder local que se organizan para proteger esta actividad de los autos chutos y estas redes de poder local pueden implicar a algunos policías y funcionarios de algunos municipios, pueden implicar a los empleados de las estaciones de suministro de combustible, porque con el sistema del B-Sisa debería estar todo registrado, pero no siempre sucede así”, dijo, según ANF.
