Las autoridades locales de al menos cuatro municipios del país estarían otorgando documentación a los propietarios de vehículos indocumentados para que los puedan “nacionalizar” de forma irregular. Por si esto fuera poco, algunos de los policías encargados de los operativos de incautación de los autos chutos, miembros del COA, estarían recibiendo amenazas de muerte.
Estas dos denuncias, manifestadas por la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (Marlene Ardaya), ponen en evidencia la necesidad de incrementar la presencia estatal en varios lugares del territorio nacional, sancionando no solo a quienes comercializan carros indocumentados, sino también a todas las autoridades locales que permiten estos delitos y a la vez usurpan funciones que no les corresponden (recuérdese que la nacionalización de los vehículos es competencia exclusiva del nivel central).
Si bien Ardaya no mencionó cuáles serían las regiones donde se cometen estos ilícitos, se puede inferir que se trataría de algunos de los municipios donde los autos chutos circulan libremente, como poblaciones del trópico cochabambino (Ivirgarzama, Villa Tunari, Chimoré, Shinahota y Entre Ríos), La Asunta (en los Yungas de La Paz) y Uncía (norte de Potosí).
Llama la atención que todas estas regiones estén vinculadas, en diferentes grados, ora con la producción de cocaína, ora con el tráfico de sustancias controladas. Relación que posiblemente se explique por la peligrosa percepción que muchas veces genera el narcotráfico respecto a que es posible vulnerar el Estado de derecho sin mayores repercusiones.
Y es que cuando el Estado se manifiesta incapaz de garantizar y promover los derechos de todos los ciudadanos, así como también de propiciar las condiciones, oportunidades y alternativas para que las personas puedan satisfacer sus necesidades y aspiraciones por la vía legal, surgen los cárteles, las pandillas violentas, los linchamientos, los paramilitares y las autodefensas.
Respecto a las denuncias mencionadas, la presidenta de la ANB agregó que, con el apoyo de unidades de inteligencia, se están realizando investigaciones para recabar la documentación que les permita iniciar procesos penales en contra de los funcionarios locales por usurpación de competencias. Además, aclaró que no habrá una nueva nacionalización de carros indocumentados.
Se trata sin duda de acciones no solo correctas, sino también necesarias, que ojalá cuenten con todo el apoyo del Ministerio Público y de las autoridades del Ejecutivo para que se concreten, y así se siente un precedente para contrarrestar la venta y circulación de vehículos indocumentados en el país. Un inmenso problema que pone en figurillas al Estado y a la vez se retroalimenta de redes vinculadas con el contrabando y el tráfico de drogas.
