El Senado suspendió ayer de manera indefinida el debate y análisis del proyecto de Ley 323 de Modificaciones al Código Tributario, para evitar que el trabajo de esa norma sea politizada. Gremialistas protestaron en rechazo a la normativa.
El presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, dijo que esta norma puede ser utilizada “políticamente”, por lo que se ha decidido suspender su tratamiento. “Nosotros tenemos cierto cuidado de que las leyes no sean utilizadas políticamente; en ese sentido, como este Código Tributario ha sido observado”, nosotros hemos decidido suspender “indefinidamente esta norma”, afirmó.
El legislador anunció que se convocará a los representantes del sector gremial para analizar, consensuar y debatir las modificaciones de la futura norma. “Vamos a analizar y si hay algunas notas vamos a instruir que se reciba a las organizaciones sociales o al sector de la empresa privada o a cualquier otro sector para trabajar esta ley”, dijo.
Rojas se refirió al tema después de que el sector de los gremiales marchara por las calles paceñas en contra del proyecto de Ley de Modificaciones al Código Tributario, el cual se encuentra en debate en la Cámara Alta y establece, en uno de sus artículos, la ampliación de las clausuras por la no emisión de facturas.
Según la norma, se modifica el artículo 164 de la Ley 2492 respecto a las sanciones por la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente. La actual norma penaliza la contravención con la clausura del establecimiento de 6 a 48 días. El cambio propuesto por el Ejecutivo establece clausuras de 6 a 90 días, y de 10 a 150 días cuando el importe no facturado sea mayor o igual a Bs 300. En caso de la cuarta reincidencia y siguientes, se aplicará la sanción más alta, vale decir 90 y 150 días.
Ayer, unos 10.000 miembros de la Confederación de Gremiales de Bolivia marcharon por las principales calles y avenidas de la urbe paceña en rechazo a la norma. El secretario ejecutivo de esta organización, Francisco Figueroa, dijo que su sector demanda la anulación de este proyecto de ley al que consideran como una “medida dura”. Demandó que la normativa sea acordada con este gremio.
