La Justicia italiana aceptó ayer a todos los querellantes en la fase preliminar del Plan Cóndor, que investiga la muerte y desaparición de 23 italianos en el contexto de la operación homónima urdida por dictaduras sudamericanas entre las décadas de los años 70 y 80.
El juez de la audiencia preliminar, Alessandro Arturi, aceptó a los familiares de los desaparecidos como parte acusadora, así como a los estados de Italia y Uruguay, en representación de sus ciudadanos.
Así lo dispuso ayer en la mañana Arturi en la primera de las audiencias preliminares que debían celebrarse en los tres primeros días de la semana. Una serie de vistas que finalmente han sido pospuestas para el 29 y 30 de septiembre ya que el Tribunal de Roma aún no ha recibido unos documentos solicitados a Bolivia.
Además se fijó otra audiencia para el 6 de octubre, en la que Arturi decidirá previsiblemente si los elementos presentados son suficientes para que sean estudiados en una corte penal, lo que supondría enviar el caso a juicio, que se celebraría en 2015.
En este proceso están imputados un total de 33 personas, entre expresidentes latinoamericanos y altos funcionarios de las juntas militares de Uruguay, Chile, Perú y Bolivia.
Son 16 uruguayos, 11 chilenos, 2 bolivianos y 4 peruanos, todos ellos miembros de las juntas militares y servicios de seguridad de sus respectivos países entre los años 1973 y 1978, según la demanda fiscal.
