La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó ayer, mediante un comunicado, la demanda penal de la Procuraduría General en contra de dos periodistas de La Razón, acusados de “espionaje” por la supuesta revelación de secretos de Estado.
“Estamos una vez más ante un claro episodio de tensión entre prensa y Gobierno, en la que la primera hace su trabajo de investigación pensando en el derecho del público a la información, y la otra busca mantener todo en sigilo, considerando que cualquier información que no es oficial es una conspiración o traición a la patria”, expresó el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo.
El comunicado hace referencia a la demanda interpuesta por el procurador general del Estado, Héctor Arce, contra el periodista de La Razón Ricardo Aguilar, por los supuestos delitos de “espionaje” y “revelación de secretos”, y la directora Claudia Benavente, por “complicidad”, tras la publicación de un reportaje sobre la demanda marítima en el suplemento Animal Político, el 13 de abril.
El juez 11º de Instrucción en lo Penal, Jhonny Machicado, ordenó el 29 de abril que, en tres días, Aguilar levante el secreto de fuente y revele el nombre de la persona que le proporcionó los datos para dicho reportaje.
La defensa legal del rotativo pidió la declinación de la competencia del juez para que la denuncia sea analizada en un tribunal especial, tal como indica la Ley de Imprenta, pero Machicado la rechazó. Los abogados presentaron un recurso de apelación ante el Tribunal Departamental de Justicia, que será tratado al retornar de la vacación judicial (18 de julio), explicó la abogada del diario Sandra Almanza.
“Nos preocupa esta demanda penal porque bajo la excusa de un mal entendido nacionalismo se pretende acallar o al menos intimidar el trabajo y la función investigadora de la prensa”, indicó Paolillo, actual director del semanario uruguayo Búsqueda.
En el comunicado se hace énfasis en el riesgo de la demanda para ambos periodistas. “De ser hallados culpables, según los artículos 111 y 115 del Código Penal, ellos afrontarán 30 años de prisión sin derecho a indulto, en caso de espionaje, y de uno a seis por revelación de secretos”.
El vocero de los periodistas de La Razón, Juan René Castellón, manifestó que las organizaciones de periodistas “señalan el camino adecuado”. “El Gobierno debe levantar este proceso penal porque el colega actuó en el marco de su derecho a la información y el de la ciudadanía. Lo contrario es atentar contra esos derechos y dejar de ser democrático”.
Discusión. El secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, Erwin Valda, destacó la posición y el respaldo de la organización internacional y aseguró que el sector mantendrá la emergencia hasta que el juez Machicado declare su incompetencia.
“Este caso ya ha roto las fronteras bolivianas y el tema ya está siendo discutido en esferas internacionales. Este respaldo ayuda más a que los funcionarios judiciales puedan cumplir con la norma. Nos mantenemos en nuestra posición y seguimos esperando que el juez decline su competencia”, dijo Valda.
Asimismo, señaló que el gremio de trabajadores de la prensa aún no descarta más medidas de presión en defensa de los dos periodistas de este rotativo, el secreto de fuente, la Ley de Imprenta y la libertad de expresión.
Para Juan León, director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que agrupa a los medios impresos más importantes del país, preservar el secreto de fuente es un principio básico del ejercicio periodístico.
“Estoy plenamente de acuerdo con la SIP, pues coincide con la posición que expresó la ANP el mismo día en que se conoció la noticia. Por precepto constitucional, ese tipo de casos se deben tratar en el marco de la Ley de Imprenta y el juicio corresponde a los tribunales de imprenta”, expresó.
Protestas de gremios en el país
Plantón
El 7 y el 29 de mayo, los periodistas de La Razón protestaron en el Juzgado 11º de Instrucción en lo Penal y en la plaza Murillo, respectivamente.
Emergencia
El 4 de junio, los gremios del país se movilizaron en demanda del respeto a la Ley de Imprenta y contra el juicio.
Opiniones sobre el juicio al rotativo
‘Justicia debe rechazar demanda’: Juan León, director ejecutivo de la ANP
Si la justicia es realmente independiente y hace honor a su título, tendría que rechazar la demanda. El juez debe explicar los motivos que le llevaron a infringir una norma constitucional.
‘Se hará daño a toda una nación’: Erwin Valda, Confederación de la Prensa
Saludamos la posición de la SIP. Más allá del perjuicio a los dos periodistas, el avance del juicio dañará a toda una nación, a la democracia y a las garantías constitucionales.
‘Es una demanda forzada’: Sandra Almanza, abogada de La Razón
Es una demanda forzada, porque se basan en un tipo penal que no se adecua al caso, no hay espionaje ni revelación de secretos. La argumentación es más de hecho que de derecho.
