La productora Noval Williams Films llevaba meses recopilando imágenes y material exclusivo de Michael Jackson para deleitar a sus fans con un nuevo documental que desvelaría el lado más íntimo del malogrado rey del pop, pero ahora la venta y distribución de tan esperada producción podría verse cancelada a la espera de la decisión final que tome un tribunal de Manhattan, después de que la familia Jackson y los encargados de gestionar su patrimonio denunciaran a la citada compañía por el uso «ilegal» de unas grabaciones que, a su juicio, no le pertenecen.
Como ha explicado el abogado Howard Weitzman -representante legal de los demandantes- a través de un comunicado, los responsables de la controvertida producción habrían hecho uso de fotografías y vídeos privados sin conseguir antes los derechos de explotación, que a su juicio serían propiedad tanto de las revistas L’Uomo Vogue y Ebony -publicaciones que desecharon ese material en 2007- como de la entidad que sigue comercializando con la imagen y la música del fallecido cantante.
«Los encargados de hacer este documental han utilizado un contenido que no les pertenece y que además exhibe momentos privados de Michael Jackson sin la autorización de sus legítimos propietarios. Mi cliente no va a permitir que se vulnere el derecho a la intimidad de Michael Jackson, ni que nadie se lucre con momentos de su vida íntima que jamás se harían públicos si de él dependiera», aseguró el letrado en un escrito dirigido a los medios.
Por su parte, la productora no ha dudado en contraatacar con rapidez y acudir a la misma corte para solicitar al magistrado que desestime el caso, argumentando que los derechos de ese material sí que le pertenecen y que, por culpa de esta disputa legal, están sufriendo cuantiosas pérdidas económicas que no se habrían producido si la cinta se encontrara ya en el mercado.
Si finalmente se ven satisfechas sus demandas, la empresa podría animarse a devolver el golpe al clan Jackson con un nuevo recurso judicial que le llevaría a exigir una compensación financiera por los perjuicios ocasionados, una decisión que contaría con el respaldo de unos supuestos documentos que certificarían que las imágenes y los vídeos fueron adquiridos legalmente en 2007, justo después de que fueran rechazadas por los gestores del patrimonio del desaparecido artista.
