El Departamento de Justicia de Estados Unidos se comprometió ayer, en Washington, a agilizar la revisión del segundo pedido de extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni) y de dos exministros por los hechos violentos de octubre de 2003.
La declaración corresponde a la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, quien integra una delegación que viajó a Washington junto al fiscal general, Ramiro Guerrero, y delegados de la Cancillería y de los familiares de las víctimas de octubre de 2003, mes en el que murieron más de 60 personas durante la “guerra del gas” y resultaron heridas otras 400.
“Hemos sostenido una reunión con la Fiscal General Adjunta de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos (Leslie R. Caldwell) para explicarle las razones por las cuales se ha presentado un segundo exhorto de extradición de Sánchez de Lozada. Ella se ha comprometido a dar agilidad a la revisión de los documentos”, dijo Gutiérrez.
Los hechos ocurridos en 2003 no pueden quedar en la impunidad y los autores materiales e intelectuales, en este caso, deben ser sometidos a un proceso en Bolivia y volver para ser juzgados, señaló Guerrero. Agregó que con esta solicitud, lo único que se busca es justicia para el país y toda la gente que después de más de diez años sigue pidiendo castigo para Sánchez de Lozada, y los exministros Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague, acusados de ser los responsables de las muertes en las ciudades de La Paz y El Alto.
Las tres exautoridades son acusadas de cometer los delitos de genocidio en su modalidad de masacre sangrienta; homicidio; vejaciones y torturas; lesiones gravísimas, graves y leves; privación de libertad y allanamiento de domicilio. Guerrero explicó que esa tipificación fue compatibilizada con la legislación estadounidense.
En septiembre de 2012, EEUU rechazó el primer pedido de extradición porque los delitos expuestos no eran compatibles con su legislación. “Hoy tenemos la firme esperanza para que en un corto tiempo este señor (Sánchez de Lozada) pueda llegar a Bolivia y someterse a la justicia boliviana para así, de esa manera, cumplir con todos los delitos que ha cometido en nuestro país”, dijo Freddy Ávalos, abogado de las víctimas de octubre.
