No cabe duda de que la Ley de Participación Popular, aprobada en 1994, redistribuyó no solamente los recursos económicos del Estado boliviano permitiendo municipalizar a todo el país, sino también redistribuyó el poder político y permitió que sectores indígenas que antes no habían ejercido su derecho de ser elegidos lo hicieran de manera efectiva. Este derecho alcanzó su apogeo con el ascenso de Evo Morales en 2006, de modo que ahora (como siempre debió haber sido) es natural ver a indígenas como alcaldes y concejales de los municipios en los que tienen mayoría.
Algunos años después de la aprobación de la ley surgió el concepto de mancomunidad de municipios, buscando unificar esfuerzos entre municipios de una misma región para definir una estrategia de desarrollo y lograr objetivos de manera conjunta optimizando el uso de los recursos compartidos. Así fue que en 1996 se creó la Mancomunidad de Municipios Chiquitanos, que aglutina a San José de Chiquitos, Roboré, Puerto Suárez, Concepción, San Ignacio, San Matías, San Rafael, El Puente, Urubichá, San Antonio del Lomerío, Puerto Quijarro y San Ramón, con algo más de la mitad de territorio del departamento de Santa Cruz. Esta mancomunidad se ha convertido en el principal circuito turístico de la región, además concentra la mayor cantidad de riqueza minera, maderera y de hato de ganado de la región; sin embargo, no ha logrado superar ciertos niveles de pobreza.
Partiendo de estas constataciones, hace unas semanas, en el marco de la Agenda Patriótica 2025, esta mancomunidad aprobó los ejes programáticos y las reivindicaciones de la región chiquitana en su propia agenda, que consta de 19 puntos: salida al mar por Puerto Busch; polos manufactureros de desarrollo con sedes en San Ignacio, San Matías y Puerto Suárez; incrementar la ganadería intensiva; creación de la empresa minera chiquitana; explotación sostenida de los recursos maderables y creación de la empresa boliviana de la madera; circuitos turísticos, protección de la biodiversidad; revitalización y promoción de la cultura a través del rescate de la historia, la lengua y las costumbres; distribuir el 100% de las regalías departamentales a las 15 provincias cruceñas, electrificación de todas las comunidades; la elaboración de una estrategia de desarrollo integral de la macrorregión chiquitana-pantanal; entre otros la Agenda chiquitana está firmada por la totalidad de las autoridades municipales y las autoridades originarias de los pueblos indígenas chiquitanos, además de Jerges Mercado, gerente de esta institución integradora, quien coordinó la elaboración de la misma y tendrá a su cargo el cumplimiento de cada uno de los objetivos propuestos. Se trata de un documento muy importante no solamente para la región chiquitana, sino también para el departamento de Santa Cruz.
