El último reportaje de Informe La Razón versa sobre los vientres de alquiler, un asunto cada vez más extendido en el mundo y en el país, pero que no ha merecido la atención que debiera por parte de las autoridades nacionales. Vacío que por ejemplo se puede apreciar en la falta de una normativa que regule este servicio, conocido también como maternidad subrogada o sustituta.
Una de nuestras periodistas pudo constatar que son varias las mujeres bolivianas que ofrecen su vientre en alquiler a través de internet, por montos que oscilan entre $us 7.000 y 10.000, más el pago de los gatos médicos y de una pensión durante y algunos meses después del embarazo, no menor al sueldo mínimo: Bs 1.440. En países donde esta práctica sí está reglamentada los montos pueden ser mucho más elevados. Por ejemplo, en Estados Unidos el costo del arrendamiento de útero oscila entre $us 50.000 y 100.000, dependiendo de factores médicos y legales. En México, donde también es legal, el costo de este servicio es de aproximadamente $us 60.000.
De regreso al país, si bien por estos lados no existe una ley que permita o prohíba el alquiler de vientres, algunas voces del ámbito legal se oponen a esta práctica, alegando cuestiones éticas, pero también prácticas. Por ejemplo, en el caso de que la madre gestante decida quedarse con el hijo, no existe ninguna norma que ampare los “derechos” de los padres biológicos. Por otro lado, la ley establece que en los certificados de alumbramiento, emitidos por los centros de salud públicos y privados, aparezca el nombre de la parturienta. Un documento esencial para obtener el certificado de nacimiento del recién nacido. Situación que complica la maternidad sustituta, obligando a las personas que incurren en esta práctica a tener el alumbramiento en los hogares con una partera, o bien en centros médicos que estén dispuestos a pasar por alto la norma.
Ahora bien, la solución de estos problemas no pasa por prohibir la maternidad subrogada, sino por regularla. Más aún tomando en cuenta que son muchas las parejas bolivianas que tienen problemas para concebir (entre el 15 y el 20%, según estimaciones del Centro Integral de Reproducción y Especialidades Embrionarias Embriovid), y que para un buen número de ellas la maternidad sustituta puede ser la única alternativa posible para tener un hijo que sea biológicamente suyo o, por lo menos, del padre.
Bastaría por ejemplo con facilitar los procedimientos de adopción de los niños para que esta práctica pueda llevarse a cabo de manera legal. Además, como bien señala el Dr. Luis Kushner, director del Servicio de Fertilidad Asistida Fertivida, sería pertinente que la ley no solamente resguarde los derechos de los progenitores genéticos, sino también de los recién nacidos. Garantizando por ejemplo que los padres biológicos acompañen la gestación de sus hijos, algo esencial para su normal desarrollo.
