Dos exfuncionarios de la Policía, acusados de otorgar una “vacuna” para “legalizar” la circulación de autos indocumentados (chutos) en el trópico de Cochabamba, son investigados por el Ministerio Público por los delitos de cohecho pasivo, incumplimiento de deberes y cohecho activo. Los exuniformados cobraban entre Bs 1.000 y Bs 2.000 por cada solicitud que recibían.
El comandante departamental de la Policía de Cochabamba, Coronel Alberto Suárez, formalizó la denuncia ante la Fiscalía de Distrito contra el excoronel Julio Mendoza y el exteniente Diego Céspedes, luego de que se supiera que ambos realizaban cobros irregulares para la libre circulación de vehículos indocumentados en el trópico cochabambino.
“El Comandante de la Policía Departamental hizo una denuncia formal contra dos funcionarios policiales por delitos de cohecho pasivo, incumplimiento de deberes y cohecho activo contra pobladores de Ivirgarzama, es decir, debido a los pagos ilegales que se habrían producido por la corresponsabilidad que existe en esta clase de casos”, informó el fiscal Freddy Torrico a la red ATB.
Los cobros ilegales que hacían los acusados eran para devolver los motorizados a sus propietarios en caso de que fueran incautados por el Control Operativo Aduanero (COA) y la Dirección de Prevención y Robo de Vehículos (Diprove). Los uniformados fueron dados de baja el 2 de julio, desde entonces se investiga el caso.
El Ministerio Público había iniciado acciones legales de oficio tras las acusaciones realizadas por el presidente de la Asociación de Vehículos Indocumentados del Trópico de Cochabamba, Félix Mamani, quien denunció que antes de la nacionalización de los vehículos chutos la Policía pedía entre Bs 200 a Bs 250 por extender un permiso de circulación que servía únicamente en el territorio de ese municipio.
