El defensor del Pueblo, Rolando Villena, observó ayer que la edad para la imputabilidad penal haya disminuido de 16 a 14 años en el proyecto de Ley del Código Niña, Niño y Adolescente, aprobado por el pleno del Senado y pasado a Diputados.
“El aspecto que nos ha generado una gran preocupación, por su gravedad, es el referido a la imputabilidad penal. Se refiere a que se ha disminuido de 16 a 14 años, mostrando un retroceso incomprensible y muy grave en relación a los derechos humanos”, indicó Villena.
Mencionó que con el cambio lo que se privilegia es la sanción “en desmedro de la prevención”. Las aseveraciones fueron realizadas cuando el plenario de la Cámara de Senadores aprobó el proyecto del Código Niña, Niño y Adolescente y lo remitió a Diputados.
Villena agregó que hay elementos preocupantes en torno a la calificación de infracciones en vez de delitos cuando se refiere a la violencia contra menores de edad, la protección debida a la imagen y la reputación, el concepto de libertad sexual en niñas y niños, que “no fueron muy analizados por los legisladores”.
Otra observación que hizo el Defensor del Pueblo fue la referida al trabajo infantil, según Villena hay falta de claridad y acuerdo respecto a la edad, dependencia laboral, los trabajos de riesgo, mecanismos de protección y otros.
“Pese a los avances y aspectos destacables, hay muchos elementos en el proyecto de norma que, a nuestro criterio, significan retrocesos o distorsiones a los objetivos de garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y corren el riesgo de generar vulneraciones en su aplicación”, dijo.
La senadora del MAS, Rhina Aguirre, declaró ayer que la norma tiene la gran tarea de garantizar a los menores seguridad en todos los campos de su vida.
“Al ser una realidad el trabajo infantil en Bolivia, el Código busca, a través del Estado Plurinacional, hacer que los derechos de los menores sean respetados y por sobre todo, evitar que el trabajo sea para ellos un espacio de esclavitud o de explotación”, expresó. El nuevo código está en la Cámara de Diputados y si no hay observaciones será enviado al Ejecutivo para su promulgación.
