Los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados respaldaron la política del gobierno de Michelle Bachelet ante la demanda boliviana en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y decidieron encarar una cruzada llevando como punta de lanza el argumento del riesgo que implicaría el caso para la soberanía del concierto internacional de naciones.
El presidente de la Comisión, Jorge Tarud, informó de esa decisión luego de sostener una reunión informativa con el canciller Heraldo Muñoz y el agente Felipe Bulnes sobre la impugnación presentada a la competencia de la CIJ para tratar la demanda de La Paz en busca de una negociación para lograr una salida soberana al Pacífico.
Una vez conocido los detalles de la estrategia, encararán una misión ante sus pares de otros países para hacer conocer la posición chilena y los potenciales riesgo de que un caso como el boliviano prospere. “Esa misión consiste en hacer entender la gravedad que significa una demanda como esta, que pretende violar los tratados existentes entre dos naciones”, dijo.
De declararse competente la Corte, se abriría una vía de incertidumbre que significaría una verdadera alarma para toda la comunidad internacional, porque implicaría que cualquier tratado se puede revisar en sus alcances, explicó el legislador, según nota publicada en el portal digital Aqua.cl.
El gobierno de Evo Morales aseguró en reiteradas oportunidades que la demanda planteada no toca el Tratado de 1904, que fijó los límites tras la guerra del Pacífico, sino apunta a los compromisos asumidos por Santiago a lo largo de la historia para negociar una solución al diferendo arrastrada por más de 100 años.
El diputado Celso Morales destacó la unidad en torno al curso de acción chilena, aunque reconoció que la objeción no garantiza el éxito de la postura de su país.
Añadió que Muñoz planteó dos frentes de gestión. En el ámbito regional para dar a conocer la posición chilena y las facilidades otorgadas a Bolivia en el marco del Tratado de 1904, y otro ante países que tienen influencia con la Corte. “Esas dos fueron las implicancias más importantes que planteó el Canciller y que son las tareas que van a realizarse”, afirmó.
Bolivia presentó el 15 de abril de 2014 la Memoria, que contiene el sustento histórico-jurídico del proceso planteado ante la instancia internacional, tras – justificaron las autoridades- más de 100 años de diálogo sin resultados. Chile impugnó la competencia de la Corte y La Paz tiene hasta el 14 de noviembre para responder.
Muñoz insistió en que la CIJ no tiene jurisdicción porque el Pacto de Bogotá de 1948 establece que los tratados vigentes hasta antes de ese año no pueden ser recurridos ante esa instancia internacional.
El Tratado Americano de Soluciones Pacíficas establece en su artículo VI: “Tampoco podrán aplicarse dichos procedimientos a los asuntos ya resueltos por arreglo de las partes, o por laudo arbitral, o por sentencia de un tribunal internacional, o que se hallen regidos por acuerdos o tratados en vigencia en la fecha de la celebración del presente Pacto”.
