El presidente de Bolivia, Evo Morales, ratificó hoy su respaldo a su homóloga de Argentina, Cristina Fernández, con respecto a la situación de la reestructuración de la deuda de ese país y aseguró que la región está «ante las puertas de una guerra de alta intensidad financiera».
Morales expresó esta posición en una carta enviada a Fernández, en la que reitera su solidaridad con el Gobierno argentino, así como su «enérgica condena a la tiranía financiera que pretende estrangular la economía» de ese país.
«Hermana presidenta, estamos ante las puertas de una guerra de alta intensidad financiera. Una nueva manera de ejercer dominación y de asedio extranjero contra nuestros pueblos», indicó el mandatario.
También calificó de «injusto» e «inmoral» al sistema financiero globalizado y sostuvo que es necesario «sumar fuerzas para modificarlo en una lucha conjunta e incondicional».
Morales aseguró, además, que no se puede permitir que «un grupo de buitres, protegidos por jueces parcializados de Estados Unidos, transite de la especulación financiera a la extorsión», vulnerando así la soberanía de Argentina.
«Estamos convencidos de que este ataque financiero pretende precipitar un nuevo default (suspensión de pagos) para restaurar las condiciones de la privatización y el saqueo de la riqueza de su país, situación que no debemos permitir», indicó el gobernante.
Morales añadió que el Gobierno y los «movimientos sociales» de Bolivia se sienten «agredidos por este ataque ruin e intolerable».
El juez federal estadounidense Thomas Griesa dictó un fallo a favor de fondos especulativos que reclaman a Argentina el pago íntegro de su deuda y rechazó el jueves la solicitud de ese país de suspender la medida que la obligaba a pagar a los demandantes para poder cumplir con el resto de los acreedores de deuda.
Además, Griesa consideró hoy «ilegal» el pago de Argentina a tenedores de bonos reestructurados, a lo que el Gobierno de Fernández replicó que aquella decisión es «insólita» e «inédita» y constituye un «abuso de autoridad».
La deuda que Argentina contrajo con los también conocidos como «fondos buitre» se remonta a antes de la suspensión de pagos de 2001, cuando se produjo el «corralito» en ese país latinoamericano.
Desde entonces, el Gobierno argentino ha realizado dos canjes de los bonos de deuda, en 2005 y 2010, al que se acogieron un 93 % de los acreedores, quedando este 7 %, los «fondos buitre», que siguen litigando para que Argentina efectúe el 100 % del pago.
