Los cuatro candidatos opositores a la presidencia del Estado para las elecciones del 12 de octubre enfrentan procesos judiciales que llegan al menos a 21 y están vinculados, principalmente, a hechos de corrupción. Dos aspirantes a la vicepresidencia también están en esa situación, informaron fuentes vinculadas a las organizaciones políticas.
El exalcalde de La Paz y actual candidato presidencial por el Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, enfrenta 12 procesos penales, según su abogada Ayda Camacho.
“Son casos que han sido abiertos por terceros, con el único propósito de perjudicarlo políticamente (a mi cliente)”, afirmó Camacho, para quien algunas causas como el de los puentes Trillizos, abierto por la Contraloría por un supuesto daño económico de 4,5 millones de dólares, busca continuar el proceso penal “para inhabilitarlo ahora o a futuro”.
El aspirante por Unidad Demócrata (UD), Samuel Doria Medina, tiene siete causas. La candidata a senadora por UD Soledad Chapetón aseguró que, si el Gobierno quisiera encarcelar a las autoridades, lo haría por tener “una franca y descarada manipulación sobre algunas autoridades del Órgano Judicial”.
El expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001 – 2002), candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), encara dos procesos. Según su abogado Iván Alemán, el primero es a denuncia del Banco Unión por difamación, calumnia e injuria, y el segundo por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por la firma de contratos petroleros, proceso que comenzó en 2005.
“En el primer caso la corte falló a favor de Quiroga y dictaminó que no existe el delito de calumnia (…) En los petrocontratos esperamos una resolución para que termine la fase de investigación, este caso también salió favorable toda vez que se pretendía una detención preventiva, pero el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó que cada primer día hábil se apersone a la Fiscalía de La Paz”, explicó el jurista.
Quiroga fue sentenciado en 2010 por la exCorte de Justicia de La Paz a dos años y ocho meses de prisión por el caso del Banco Unión. En 2013, el Tribunal de Justicia de Chuquisaca ratificó la sentencia que luego fue observada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que decidió dejar sin efecto la sentencia.
El candidato indígena por el Partido Verde de Bolivia (PVB) Fernando Vargas tiene abierto un proceso por el delito de tentativa de homicidio en contra del hoy excacique mayor del Consejo Indígena del Sur (Conisur), Gumercindo Pradel. El hecho ocurrió el 22 de junio de 2013 y el caso quedó en suspenso por resolución del Tribunal Constitucional (TC) hasta definir si es juzgado por la justicia ordinaria o indígena.
“Desde el punto de vista político no le conviene al gobierno reactivar el caso porque su reacción fue por una cuestión de defensa de la institucionalidad de la CIDOB”, explicó Enrique Miranda, del Comité Ejecutivo Nacional del PVB.
Los candidatos a la vicepresidencia Ernesto Suárez de UD y Adriana Gil del MSM están en la lista de procesados. El exgobernador de Beni enfrenta juicios por el uso de recursos públicos en el referéndum autonómico del 2008 y un hecho de corrupción vinculado a la compra de un generador de electricidad para San Borja. La justicia ordenó su arraigo y detención domiciliaria.
En tanto que la exdiputada por Convergencia Nacional (CN) fue ligada a un hecho de quiebra con la cooperativa San Luis en Santa Cruz de la Sierra. “Es la actitud más baja y más ruin de un adversario, pero aquí estamos fuertes y los vamos a derrotar; están con miedo, por eso esta persecución, esta maldad politizada, pero los vamos a vencer”, manifestó Gil.
