La Fiscalía de Betanzos ordenó ayer la aprehensión del propietario de la empresa minera Santiago Apóstol, el ingeniero Mario Cano, acusado de los supuestos delitos de contaminación y daños a la salud pública. El ingeniero es procesado por la ruptura del dique de colas de la mina que vertió sus desechos tóxicos, supuestamente, a aguas del río Pilcomayo.
La decisión fue asumida por el fiscal José Luis Ríos, luego de que ayer por la tarde Cano se abstuvo de prestar su declaración informativa, dentro del proceso penal abierto por el Ministerio Público por la supuesta contaminación del río Pilcomayo. Cano permanecerá en celdas policiales de Betanzos hasta hoy, cuando se llevará a cabo la audiencia de medidas cautelares, que definirá su situación.
De acuerdo con el procedimiento, el fiscal Ríos pidió medidas cautelares contra Cano al juez de Betanzos, quien debe fijar la hora de dicha audiencia. Se prevé que ésta se desarrolle en el transcurso de hoy en ese municipio, ubicado a 45 kilómetros de Potosí.
En la declaración de ayer, el fiscal Ríos le informó a Cano la relación de su indagación preliminar y le comunicó que el Ministerio Público abrió de oficio una investigación penal. También le hizo conocer que la Gobernación de Chuquisaca presentó una denuncia en su contra y de igual forma lo hizo el municipio de Tacobamba, donde está ubicada la mina.
La pasada semana, un informe de la Gobernación de Chuquisaca estableció la presencia de elementos químicos en las aguas del Pilcomayo como el sodio, hierro, magnesio y cromo, que superan los niveles permitidos. Por ese hecho, determinó asumir acciones legales.
Cano debía presentarse a declarar el 17 de julio ante la Fiscalía de Betanzos, sin embargo, no se hizo presente. Por ese motivo, se emitió una primera orden de aprehensión que fue suspendida debido a que el propietario de la mina justificó su inasistencia y pidió la reprogramación de su declaración informativa, que, finalmente, tuvo lugar ayer.
También se conoció el informe oficial de la comisión interinstitucional que investigó el derrame de residuos mineros de la planta Santiago Apóstol, que pertenece a la empresa Silver y Tim. El documento señala que el daño medioambiental no alcanzó al curso internacional del río Pilcomayo, informó ANF.
La secretaria de la Madre Tierra de la Gobernación de Potosí, Ivanna Bellido, detalló que los residuos han recorrido 14 kilómetros desde su punto de origen, se han sedimentado y no han llegado al río Pilcomayo, que está a 28 kilómetros desde la planta afectada.
