El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha mostrado como un avance el mecanismo de control, incluso informático, para garantizar la paridad de género en la lista de los candidatos a presidente y vicepresidente del Estado, así como también a los escaños de los 36 senadores y 130 diputados de la Asamblea Legislativa.
Este sistema de control, aplicado en cumplimiento de la normativa electoral vigente, puede resultar imperfecta como toda obra humana. De hecho, muchos activistas que valoran el avance del TSE para lograr la paridad de género se preguntaron cuántas mujeres han participado efectivamente de los escenarios en los que se asumieron las decisiones para la configuración de las listas de aspirantes a ocupar el Parlamento.
Ahora, la inclusión política de la mujer, que partió como una demanda de equidad, previsiblemente generará en el futuro un debate sobre la diferencia entre ser elegidas y poder tomar decisiones reales en el escenario político; y que ojalá vaya más allá de la retórica. Y es que muchas mujeres aún no fueron escuchadas por el poder (por ejemplo, ¿cuánto han pesado las opiniones femeninas en el debate sobre la legalización del aborto?), mientras continúan impunes los casos de violencia política por cuestiones de género registrados en varias municipalidades del país.
