El procurador general del Estado, César Siles, informó de una primera reunión entre el Gobierno; los directivos de la empresa cementera Fancesa y el gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, en busca de una solución a los laudos interpuestos por Soboce y que beneficiaron al país.
“Estamos cerrando una reunión, la primera en su género, de coordinación interinstitucional entre varias entidades de Estado (…). Nuestro objetivo es generar estrategias de resolución del caso para la defensa de los intereses de Estado y con el menor perjuicio para el Estado”, dijo Siles en una conferencia de prensa en Sucre.
El resultado de uno de los laudos que favoreció al país se conoció el 27 de noviembre, cuando la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) se declaró “sin jurisdicción” para resolver la demanda por $us 269,4 millones del Consorcio Cementero del Sur SA, Yura Inversiones Bolivia SA, Grupo de Inversiones Gloria Bolivia SA, Sociedad Boliviana de Cemento SA (Soboce) contra el Estado boliviano por la nacionalización de sus acciones en Fancesa, en 2016.
Fue el mismo Procurador que, a través de un comunicado, aseguró que esa decisión se resolvió a favor del país.
Fancesa
La demanda tiene que ver con la recuperación del 33,34% de las acciones de Soboce transferidas en favor del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, por medio del Decreto Supremo 0616 del 1 de septiembre de 2016.
Vigente la norma, los demandantes alegaron la supuesta vulneración del acuerdo bilateral y presentaron ante la Corte Permanente de Arbitraje “una notificación de arbitraje”.
En respuesta, el Estado presentó un escrito de “Objeciones a la Jurisdicción del Tribunal y Solicitud de Bifurcación”, alegando falta de jurisdicción.
Cabe aclarar que entre el Estado boliviano y la cementera se generaron dos procesos; uno, por más de Bs 744 millones en la jurisdicción nacional. El otro por $us 269,4 millones en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya.
Siles enfatizó que, si bien su despacho tiene el mandato de defender los intereses del Estado en materia de inversiones, medio ambiente y derechos humanos, “no es excluyente para este tipo de competencias”.
