El Gobierno de Bolivia tranquilizó a sus pares de Argentina y Paraguay al informarles que un vertido minero, cuyo dique de colas colapsó el mes pasado y causó alarma, no llegó al cauce del río internacional Pilcomayo, informó ayer el Ministerio de Exteriores.
El viceministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Alurralde, dijo ayer que las autoridades de ambos países, por donde pasa la cuenca baja del río, quedaron “tranquilas” tras haber escuchado los informes de las acciones que llevó adelante Bolivia para solucionar el problema.
Alurralde explicó que inicialmente algunas provincias de Argentina y Paraguay estaban alarmadas por los reportes sobre el vertido que se produjo en la región minera boliviana de Potosí el 4 de julio. Sin embargo, según el funcionario, en una reciente reunión de delegados de los tres países en Argentina se indicó que los materiales se desplazaron solo 14 kilómetros desde el dique dañado y se detuvieron a una distancia superior a 15 kilómetros del río.
Caudal. Agregó que los materiales no avanzaron más debido a que en esta época el caudal del río es bajo, por la temporada de estiaje, porque si se hubieran producido lluvias en el Pilcomayo las consecuencias serían otras.
Insistió en que los informes sobre el recojo de los desechos mineros depositados, las auditorías y las acciones que se están haciendo han “tranquilizado enormemente” a Argentina y Paraguay.
El Pilcomayo, cuya cuenca se extiende a lo largo de más de 2.000 kilómetros, atraviesa cuatro de los nueve departamentos de Bolivia y sirve de frontera natural entre las naciones vecinas.
Según publicó ayer La Razón, tras este caso las autoridades de Potosí paralizaron 13 de 15 minas existentes en la zona del accidente para verificar sus licencias de funcionamiento.
La Razón recorrió las comunidades de Canutillos y Colavi, en el este potosino, donde verificó dicha paralización en seis de las 13 empresas mineras: Santiago Apóstol, Canutillos, San Juanino, Firex, Colavi y Sachacuchu. No obstante, pobladores aseguraron que hay más ingenios cerrados en lugares alejados.
La Gobernación de Potosí reconoce la existencia de 450 cooperativas y empresas mineras, de las que el 80% no cuenta con una licencia ambiental y trabaja de manera ilegal.
